La investigación sobre el presunto fraude en el destino de las ayudas públicas para cursos de formación profesional en Andalucía continúa, paso a paso, su desmoronamiento. A la media docena de procedimientos cerrados en la provincia de Almería por falta de indicios de delito se une ahora el sobreseimiento de la causa contra la sociedad Granaforma S. L.
La magistrada Ana Belén Vico, titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería, ha ordenado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra la entidad por la ausencia de “indicios racionales de criminalidad penalmente relevantes que justifiquen la protección penal”.
Las causas de la formación indagan sobre un presunto desvío de fondos públicos procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La pieza política (sobre los cargos públicos de la Junta de Andalucía responsables de la autorización de las subvenciones), ya se cerró en Sevilla por falta de indicios de irregularidad. Mientras, los casos individuales de cada empresa concesionaria de ayudas se dividió entre los Juzgados de Instrucción y no se han traducido en procesamientos.
Alumnos y profesores
Granaforma S. L. es una empresa fundada en 2003 con servicios en Almería, Granada y Jaén. Según el auto de la magistrada, cuatro personas fueron imputadas por un presunto delito de fraude de subvenciones en el inicio del caso. Entre ellos estaba el delegado de Almería, defendido por el letrado Carlos Ferre.
Pues bien, la instructora cree que no hay datos para sostener una acusación contra ellos. A la espera del auto definitivo, ni siquiera llegarán a juicio. La magistrada les exonera de cualquier responsabilidad penal. “Los cursos de formación investigados se impartieron en su integridad, siendo efectivamente realizados en ambos casos por prácticamente la totalidad de los alumnos como resulta de las declaraciones de los mismos y con certificados y controles de asistencia”, precisa el auto del Juzgado de Instrucción número Tres de Almería.
“Reconocen asimismo los alumnos al profesorado, con excepción de aquellos que llevaron a cabo el mismo en forma distinta a la presencial, y sin que quede acreditado, siquiera indiciariamente de lo actuado, un propósito previo por parte de los investigados de emplear los fondos en beneficio propio y sin dar cumplimiento al fin a que iba destinada la subvención, no resultando indicios racionales”, añade la resolución.
La entidad Granaforma S. L. recibió subvenciones para ayudas de formación por unos 250.000 euros en las convocatorias del Servicio Andaluz de Empleo en los ejercicios 2010, 2011 y 2012. La magistrada ratifica que el uso de esos fondos fue correcto, de acuerdo a la finalidad didáctica de la convocatoria. Las ayudas corresponden a tres partidas: 36.933 euros (BOJA 4 de febrero 2010), 126.630 euros (BOJA 11 de febrero 2011) y 86.105 (BOJA 8 de febrero 2012).
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