La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a cuatro jóvenes acusados de un delito de estafa en la compra de teléfonos móviles con datos robados. Los acusados cumplirán penas entre dos años y cuatro meses de prisión. Según indica la sentencia judicial, los procesados se valían de dos mecanismos para sus fraudes. En el primero cargaban compras de productos electrónicos a terceros mediante el robo de sus datos personales a través de Internet.
En el segundo, en cambio, utilizaban a menores de edad como pantallas, esto es, los chicos recibían los productos y luego los reenviaban a los acusados o les remitían las ganancias obtenidas en la reventa.
La investigación de la Policía Nacional siguió el rastro de la organización y descubrió la participación de un menor de edad residente en la provincia de Almería. El chico recibió 24 paquetes de productos comprados por los acusados y, según las indicaciones del principal responsable de la trama, los remitió a una dirección de una localidad gallega.Las estafas se gestaron a finales del año 2011 y se prolongaron durante semanas. El montante total de los bienes comprados de forma fraudulenta ronda los 13.000 euros, según las diligencias instruidas por el Cuerpo Nacional de Policía.
Dos métodos
Según la sentencia judicial, “en una primera fase realizaban, utilizando la numeración de las tarjetas obtenidas de la forma ilícita, operaciones de compra online, principalmente de productor electrónicos que fueran fáciles de enajenar en el mercado, sin el consentimiento ni conocimiento de los titulares de las tarjetas”. Y, en segundo lugar, “dado que su finalidad última era obtener dinero en efectivo, vendían los productos obtenidos, bien directamente anunciándolos en foros de internet, bien utilizando a otros colaboradores por todo el territorio nacional con los que contactaban a través de foros online y que a cambió de una contraprestación”, añade.
Como sucede en otros episodios similares, los acusados captaron datos personales de las víctimas a través de perfiles de redes sociales y programas de phishing. El tribunal reconoce “la dificultad para descubrir las operaciones” por la dispersión de los implicados por el territorio nacional y la multitud de víctimas. Además de los 24 paquetes gestionados desde la provincia de Almería, se han confirmado decenas de operaciones similares en otros puntos del país. El tribunal aplica a los acusados una atenuante por devolver el dinero.
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