A prisión por robar datos bancarios y ordenar transferencias a su cuenta

El magistrado Luis Miguel Columna, titular del Juzgado de lo Penal número Uno de Almería, ha condenado a penas de prisión a una pareja acusada de robar datos bancarios de ciudadanos y ordenar transferencias telemáticas a su favor.
El tribunal condena a la procesada M. P. a dos años de prisión y al varón R. S. a dos años y seis meses por  delitos de estafa y falsedad documental, según la sentencia a la que ha tenido acceso LA VOZ.

El sistema utilizado por M. P. y R. S. mezcla la falsificación de documentos y algún tipo de phishing, un método de fraude informático basado en la captación de datos y claves personales de las víctimas.

En primer lugar, según detalla la sentencia del Juzgado de lo Penal número Uno de Almería, “convinieron realizar la apertura de diversas cuentas corrientes en entidades bancarias, utilizando para ello documentos de identidad y acreditativos de solvencia previamente manipulados”.

El objetivo era conseguir una ‘hucha’ donde depositar las cantidades robadas a terceros. Podrían recoger el dinero con facilidad y borrar el rastro sobre sus verdaderas identidades dificultando su captura tras la denuncia de los perjudicados y las propias entidades.

Y, en segundo lugar, M. P. y R. S. debían tener acceso directo a las cuentas de tercero. De un modo no determinado en la investigación, obtuvieron claves personales para operar por vía telemática y ordenaron transferencias a las cuentas abiertas previamente.

Entre los años 2010 y 2011, los acusados completaron varias operaciones mediante este sistema de estafa, según el informe policial aportado al procedimiento del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Almería.

Cuentas
En agosto de 2010, los acusados confeccionaron una tarjeta de residencia con un nombre falso (Anna S.) y colocaron una foto de M. P. Con este documento, la mujer abrió una cuenta en una sucursal de una entidad financiera en el Paseo de Almería.

Igualmente aportó un contrato de trabajo, nóminas y contrato de arrendamiento que previamente había creado a nombre de Anna S. La acusada Meilute firmó el contrato de apertura de cuenta corriente con una rubrica que simulaba pertenecer a la titular de esa documentación.

La misma operación se repitió en agosto de 2010 en una oficina de la Avenida de Cabo de Gata de la capital y en dos sucursales en la ciudad de Granada. Habían completado la primera fase de su operación criminal. Ya tenían su particular ‘hucha’.

M. P. y R. S. activaron entonces la segunda fase del plan. Buscaban sacar tajada de las cuentas de terceros. Consiguieron los datos de una sociedad mercantil y entraron en su perfil  en Barclays para autorizar dos transferencias de 3.000 euros cada una. Acudieron a una de las cuentas abiertas y retiraron el botín.

El agosto de 2011, una operación de la Policía Nacional destapó el fraude. Los agentes arrestaron a M P. de 41 años de edad mientras intentaba retirar 3.000 euros. Estaba a las puertas de una oficina en la calle Marques de Comillas de Almería y portaba documentación falsa y 400 euros en metálico.

Según indica el magistrado Columna, “M. P. ofreció detalles (...) de cómo se ponían de acuerdo, las cantidades que recibía de cada operación, así como el hecho de que no saca beneficio alguno por implicar a Rolandas”.

“La forma de actuar en este tipo de delitos es la misma que indica la acusada, repartiendo los papeles entre ambos acusados, en la forma que indica M. P. y que también señala el informe pericial”, añade la sentencia. “No tenemos duda alguna en que se han cometido por los dos acusados tanto el delito de falsedad como el de estafa, ya que ambos estaban perfectamente de acuerdo en el papel que cada uno debía realizar, lo que efectuaron hasta que ella fue detenida”.

El Juzgado de lo Penal número Uno impone penas de prisión y multas económicas. M. P. admitió los hechos y se benefició de la aplicación de una atenuante en su condena (dilaciones indebidas). R. S. es calificado de “ideador” de la estafa y, aunque también ve matizada su condena, tendrá que cumplir dos años y medio. La resolución puede recurrirse todavía ante la Audiencia Provincial de Almería.