El Ministerio de Justicia investiga por qué seguía libre el homicida de Huércal de Almería

¿Por qué seguía en libertad Francisco S. G. S. después de seis meses en busca y captura y tres condenas pendientes? La pregunta centra el debate sobre la protección a las víctimas de la violencia de género una semana después del crimen de Antonia G. A. de 33 años en una vivienda de Huércal de Almería.

El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación para conocer la situación legal del presunto homicida y analiza la información contenida en el denominado sistema SIRAJ (sistema de registros administrativos de los juzgados), según anunció este viernes el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

“Desgraciadamente no es la primera vez que pasa algo así”, lamentó en un acto en Málaga. “Hay un sistema del Ministerio de Justicia que permite consultar y ofrece los datos de las personas reclamadas; o falló el programa o el funcionario a la hora de consultarlo”, añadió.

Francisco S. G. S. de 31 años tenía en su expediente ocho condenas, según información confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según adelantó LA VOZ, el Juzgado de lo Penal número Uno de Almería dictó el 6 de julio de 2016 una orden de busca y captura para el cumplimiento de una pena de un año de cárcel por un delito de estafa. La petición se firmó el mismo día en que la sentencia fue definitiva.

Sin embargo, el acusado permanecía en libertad y llegó a publicar en su perfil de Facebook fotografías de sus visitas a Carboneras y Fondón, por ejemplo, así como imágenes con la fallecida Antonia G. A., cuyo crimen se le imputa ahora.

Base de datos
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, apunta la necesidad de una mayor coordinación para prevenir la violencia de género, especialmente en los casos de reincidencia, aunque matiza los términos del debate. “El culpable de una agresión es quien agrede y eso tiene que quedar muy claro”, aseveró en un acto ayer en la Universidad de Almería. “Y las instituciones y la sociedad tienen que hacer todo lo posible para evitar una agresión y en ello, hay también responsabilidades”.

La consejera aludió directamente a la situación de libertad de Francisco S. G. S. “Si este señor hubiera estado en la cárcel no habría estado con la víctima, es una realidad”, afirmó María José Sánchez Rubio. “En los casos de violencia de género cualquier medida que se adopte hay que hacerla con la mayor celeridad y de manera contundente para evitar que nos podamos encontrar en situaciones como esta”.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, área del que depende el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), abre la puerta también a la creación de un registro de maltratadores, centrado especialmente en la prevención de la reincidencia. Sánchez Rubio lo compara con el registro de pederastas creado en consonancia con la Ley de Protección a la Infancia de 2015.

Viogén
“Es importante que se refuerce la coordinación a través de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que nosotros hemos propuesto al Gobierno”, explicó la consejera. Sánchez Rubio quiere “que no haya fisuras en la coordinación” y “para eso los registros podrían ser un instrumento”. “Deben ser (los registros) uno de los elementos que se debatan en la comisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados a raiz de la propuesta de la Junta de Andalucía”.

La posibilidad de crear una base de datos especializada en maltratadores se han planteado por asociaciones de víctimas y también por expertos como el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género, el almeriense Miguel Lorente.

Recientemente el Ministerio del Interior reformó el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) para ampliar las medidas de seguridad. De forma sencilla, la actualización de Viogén incorporaba nuevos criterios de valoración del riesgo. Entre las novedades más significativas está la incorporación de redes sociales y otros canales de comunicación telemáticas que permiten atacar a las víctimas de malos tratos o violar las órdenes de alejamiento y prohibición de  contacto.

Antonia G. A. murió el pasado domingo degollada en un inmueble del Paseo del Generalife de Huércal de Almería. Sin embargo, había mantenido una breve relación informal con el presunto homicida y, por tanto, carecía de información sobre su pasado delictivo. No había denuncias previas, aunque sí una relación finalizada en diciembre.

Francisco S. G. S. de 31 años tiene en su historial ocho condenas en Almería por delitos de robo, amenazas, coacciones, malos tratos y resistencia. Las últimas tres condenas no llegaron a ejecutarse y se dictaron en el Juzgado de lo Penal número Uno de Almería y en el Juzgado de lo Penal número Cuatro (dos sentencias). Entre sus antecedentes hay varios casos de violencia de género contra ex parejas, completamente ajenas a la fallecida Antonia G. A. 

El primer ingreso en prisión del joven se produjo en el año 2007 por un delito de robo en domicilio. Pasó por la cárcel granadina de Albolote y luego fue trasladado hasta el centro penitenciario de El Acebuche.

El pasado martes compareció en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Uno de Almería e ingresó en calidad de preso preventivo por un delito de homicidio. Ese mismo día se hizo efectivo el inicio del cumplimiento de la condena de un año por estafa ordenada el pasado 6 de julio.