Columna pide seis medidas urgentes para controlar las buscas y capturas

La muerte de Antonia G. A., degollada presuntamente a manos de su ex pareja Francisco S. G. S. en una vivienda de Huércal de Almería el pasado 15 de enero, ha abierto un debate sobre la eficacia de los sistemas de protección a víctimas de malos tratos y, más aún, sobre el control de delincuentes reincidentes.

Según adelantó LA VOZ  DE ALMERÍA, el presunto homicida tenía una orden de busca y captura vigente desde el mes de julio de 2016 para cumplir un año de cárcel por un delito de estafa y, sin embargo, Francisco S. G. S. permanecía en libertad, publicaba sus peripecias diarias en un perfil de una red social con su nombre y apellidos y acudía a centros públicos con aparente impunidad.

Esta situación ha generado un enorme malestar entre familiares y allegados de Antonia G. A. y también entre asociaciones de víctimas de malos tratos. Además, se ha iniciado una investigación  en el Ministerio de Justicia para conocer las posibles irregulares, según anunció el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, y el PSOE ha interrogado al Gobierno en una pregunta registrada en la mesa del Congreso de los Diputados.

El caso evidencia cierto descontrol sobre las requisitorias y el juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, ha dado un paso al frente para proponer soluciones que impidan nuevos casos como el registrado en Huércal de Almería.
El magistrado conoce bien   el expediente de Francisco S. G. S. y él mismo, como titular del Juzgado de lo Penal número Uno de Almería, ordenó la busca y captura del acusado nada más hacerse firme la condena por estafa (tenía una orden de arresto e ingreso en prisión y otras dos sentencias pendientes de cumplimiento, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).

Control y personal
Columna propone seis medidas urgentes para mejorar el control de las  requisitorias. La primera es incrementar el control de acceso a los juzgados. “Necesitamos lectores de DNI que nos permitan averiguar si la persona que entra tiene alguna orden de busca y captura en vigor ordenada por un tribunal”, explica el magistrado. “Es una medida sencilla y barata”.

Actualmente los filtros de entrada están gestionados por agentes de la Guardia Civil en segunda actividad (un paso previo a la retirada) con arcos de seguridad, pero sin un sistema de identificación personal y, mucho menos, acceso a las bases de datos policiales (como sí sucede en los filtros fronterizos, por ejemplo, con gran eficacia).

La segunda propuesta del juez decano de Almería en la conexión entre órganos. “Es muy sencillo informáticamente que los Juzgados de Instrucción, Violencia de Género, Vigilancia Penitenciaria y Penal cuenten con una alarma para personas investigadas, acusados o, incluso, para testigos, en busca y captura”, expone. Se trata de compartir información.

La tercera solución es la adscripción de agentes de la Policía Judicial “de forma permanente” a los órganos de Instrucción, Violencia de Género y Penal. “Estarían encargados de informar periódicamente de las pesquisas realizadas en las búsquedas de aquellos ciudadanos con una requisitoria penal”.  Esta medida obligaría a aumentar la inversión en personal en la Policía Nacional, cuerpo encargado en exclusiva de la búsqueda de fugitivos.

La cuarta propuesta del magistrado Luis Miguel Columna es “el acceso inmediato y sin protocolos de los agentes de la Policía Local a SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia)”.  De este modo, los agentes municipales podrían colaborar en la captura de fugitivos a través de sus controles e intervenciones.

La quinta solución es “la cobertura inmediata de todas las bajas de los funcionarios de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal”. Es una exigencia generalizada en el sector y afecta directamente a las competencias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía a las posibilidades presupuestarias de la comunidad.

Y, finalmente, el juez decano de Almería critica la ausencia de agentes de la Policía Nacional en las comparecencias de ciudadanos los días 1 y 15 de cada mes, una medida común en los juzgados. “Desconocemos por qué desde hace tiempo no vienen a los Juzgados de Almería”.