La Fiscalía matiza que la menor sufrió abusos pero no se prostituyó

La Fiscalía Provincial de Almería da una vuelta de tuerca en el caso de la menor de 13 años apartada de las calles por la Policía Nacional. La institución asegura que la niña, actualmente a cargo de los servicios de protección de la Junta de Andalucía, no fue ofrecida para servicios sexuales en el Paseo Marítimo.

Según fuentes de la Fiscalía citadas por la agencia Europa Press, la menor trabajaba como “asistenta” para J.M. de 59 años de edad, detenido por la UCRIF (unidad contra las redes ilegales) como presunto autor de un delito de abusos sexuales. El varón habría realizado tocamientos a la víctima, que se resistió e impidió el acceso carnal, tal y como declaró la joven ante la Policía Nacional.

La versión lanzada desde la Fiscalía coincide con la apuntada por la Policia en elementos claves del caso, como la situación de necesidad de la familia, el esfuerzo de la chica por conseguir alimentos y dinero para mantener a su hermano y los serios problemas de la madre con el alcohol. Sin embargo, el relato revela una diferencia sustancial, la ausencia de prostitución forzada.

La Fiscalía insiste en que no existió prostitución sino presuntos abusos, mientras, por el contrario, en las diligencias entregadas por la UCRIF a finales de enero se recogen los ofrecimientos realizados por la madre. En este sentido, el propio magistrado Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería ha abierto diligencias penales contra la mujer por un delito de prostitución y un delito de abusos sexuales, según anunciaron fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Dirección General de la Policía Nacional describió así el suceso en un comunicado el pasado miércoles. “La arrestada toleraba la prostitución de su hija de 13 años para obtener alcohol y tabaco”. Y, más aún, “la investigación se inicio a raíz de una información confidencial acerca de una mujer que ofrecía a hombres la compañía de su hija de 13 años de edad a cambio de 15 o 20 euros, alcohol, tabaco o comida”. 

Reacciones
Por otra parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha lamentado la situación de la menor y ha informado de la inmediata escolarización de la ella y de su hermano pequeño. Sánchez Rubio pidió a los ciudadanos que “utilicen la estructura social que le permite denunciar de manera anónima estos hechos”. “Los niños no son propiedad de sus padres y toda vulneración de sus derechos merecen todo el rechazo social”, añadió.

El Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para J. M. de 59 años, con antecedentes y decretó libertad con cargos para la madre de los menores.