Junta y Diputación marcan distancias sobre cómo proceder con la residencia asistida

Un día después de que Diputación pidiera a la Junta apoyo para realojar a 47 ancianos de la Unidad de Poniente de la Residencia de personas asistidas para poder acometer unas obras y de que Salud respondiera con dureza, las aguas no sólo no han vuelto a su cauce, sino que parecen más crecidas que antes.

Este viernes, el delegado territorial de Salud acusaba  ha tachado de “lamentable” la decisión “unilateral” del “desalojo de unas 50 personas ancianas en situación de dependencia” por parte de Diputación. A lo que el diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, respondía que la institución provincial sólo solicitaba a la Junta que se “paralizaran” los nuevos ingresos para poder redistribuir a los residentes y evitarles las molestias de unas obras necesarias y obligatorias a tenor de los informes de la inspección de sanidad que alertan sobre la mala situación de las conducciones del agua caliente.

Al parecer, las obras obligarían a adaptar los aseos y a arreglar un problema existente con el agua caliente sanitaria. En este área del centro (Unidad de Poniente), las tuberías “van por las paredes y el suelo”, lo que hace necesario el realojo de los 47 usuarios que se verían perjudicados por la reforma.

“No voy a hacer obras con personas de 90 años encamadas. No lo voy a permitir”, decía este viernes Escobar que insistía, una y otra vez, en que lo único que había solicitado Diputación a la Junta era un protocolo para poder hacer obras sin molestias.

Mensaje tranquilizador
Ha enviado, además el diputado provincial, un mensaje “tranquilizador” a las familias afectadas, puesto que, insiste, en que “no se va a perder ninguna de las plazas, se van a mantener las cerca de 170 existentes en la actualidad”.

El diputado de Bienestar Social ha pedido a la Junta que no haya “calumnias ni guerra política”, ya que el objetivo de las obras es “tener una residencia de calidad”. Además, ha asegurado que “la obra la pagará Diputación” y que los empleos de los trabajadores “están garantizados”.

O “desmantelamiento”
Palabras que poco o nada tienen que ver con las manifestaciones que momentos antes ofrecía el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, en referencia al temor de la Junta por un posible “desmantelamiento” de la residencia.

“Reto a la Diputación a que ponga de manifiesto el proyecto de obras que tiene en mente, qué quiere hacer, con un cronograma claro y una planificación para que se pueda actuar” antes de hablar de realojos de usuarios beneficiados a través del sistema de dependencia.

Así, Martín ha asegurado que es “falso” que la Junta de Andalucía a través de la inspección sanitaria haya “obligado” a la Diputación a realizar “ningún tipo de obras”, si bien, ha apostillado, sí ha “constatado una serie de incumplimientos” en el inmueble ante los que su titular “tiene obligación de realizar” determinados “cometidos”.

En definitiva, que no parece haber, de momento, puntos de encuentro y sí 47 ancianos a la espera de una respuesta

Entienda el caso
Informes técnicos han venido a ratificar la necesidad de mejorar la Residencia de personas asistidas de Diputación (frente al Hospital Virgen del Mar). Las obras  implicarían taladros y levantamiento de suelos en una zona en la que residen 47 personas en situación de dependencia. Ante la necesidad de reubicarlos durante las obras, Diputación pedía esta semana ayuda a la Junta. La administración regional acusaba a la provincial de usar la obra como excusa para “dejar de prestar el servicio”. Empezaba el alejamiento.