Resurrección Galera pide volver a dar clases de religión

La abogada de la profesora de Religión Resurrección Galera, despedida en el año 2000 después de que contrajese matrimonio civil con un hombre divorciado, ha solicitado al Juzgado de lo Social número 1 que inste a Ministerio de Educación y a Obispado de Almería a que den cumplimiento de la reciente sentencia que obliga a su readmisión y ordena que se le abone los salarios de tramitación que se devenguen hasta que se produzca.

La letrada Amalia Robles ha indicado a Europa Press que el escrito que ha elevado al juez del caso llega después de que ni Ministerio de Educación ni Obispado “se hayan puesto en contacto” con su representada para la ejecución del fallo del Tribunal Supremo. Cabe recordar que el Alto Tribunal ha declarado despido nulo la falta de llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de Galera al entender que se produjo una violación de sus derechos fundamentales y que se trató de una acción en represalia a un pleito judicial emprendido por la docente hace 15 años.

En marzo Robles ha precisado que esperan que el Juzgado de lo Social 1 “de contestación en una semana o diez días” y que se “readmita a su cliente sin otra opción posible y pagándole el tiempo que ha pasado”. En su fallo, la Sala de lo Social estimó el recurso presentado por la profesora y condenó a los demandados ya que, según remarca, volvió a producirse una vulneración de sus derechos fundamentales con “la exclusión de la lista del personal a contratar”.

“Tras once años pleiteando por el despido (...), despido declarado, finalmente, nulo por violación de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente se niega esa reanudación sin motivar”, remarcó.

Con esto en concreto hacía referencia al pleito que emprendió Resurrección Galera por su exclusión para el curso 2001-2002 tras casarse en el año 2000 con un hombre divorciado. Como recuerda el alto tribunal en su sentencia, de la que es ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, se le concedió su amparo en 2011 y se declaró nulo.

“La existencia del procedimiento anterior durante once años constituía un indicio suficiente de la continuidad en la violación de los derechos fundamentales que se había sancionado en el anterior proceso”, añade.