El indulto ‘salva’ a 45 condenados en Almería en los últimos 20 años

La Ley de la Gracia de Indulto (1870) mantiene su vigencia un siglo y medio después como una válvula de escape a la “inflexibilidad de las sentencias”. Nació como una fórmula para corregir los “rarísimos casos” donde la aplicación de las leyes chocara directamente con los criterios de “equidad”, “utilidad pública” y “justicia” y ha sobrevivido a los vaivenes de guerras, regímenes y gobiernos. Sin embargo, el debate sobre la arbitrariedad de las decisiones del Gobierno ha perseguido la concesión de cada amnistía. Para evitar abusos del Ejecutivo y preservar la autonomía de los jueces, los grupos parlamentarios acordaron esta semana en el Congreso de los Diputados impulsar una reforma para acotar las materias sometidas a la posibilidad de indulto.

La propuesta socialista contó con el apoyo unánime del resto de los grupos y es el germen de una futura reforma legal para impedir que el cualquier Gobierno conceda la gracia a personas condenadas en sentencia firme por delitos de corrupción y violencia de género. En la hemeroteca no faltan los casos...

El Boletín Oficial del Estado solo recoge los indultos concedidos desde el año 1996. En estas dos décadas los distintos gobiernos nacionales han aprobado la concesión de la amnistía a 45 personas penadas en la provincia de Almería. El último indultado data de julio de 2013. Juan A. V., veinteañero y sin antecedentes penales, participó en un pelea entre muchachos a las puertas de una cafetería en el centro de la capital. Durante la riña mordió a un chico de 23 años y le arrancó una parte de la oreja. Juan A. V. fue acusado de un delito de lesiones dolosas y condenado a tres años de prisión. El propio magistrado Juan Ruiz-Rico consideró desproporcionada la condena. “Atendidas las circunstancias concretas y sin perjuicio del reproche que la conducta del acusado merece con la pena prevista en el Código Penal, se revela como desproporcionada por exceso”, señaló el ponente en la sentencia. Tras analizar el caso, el Ministerio de Justicia aceptó la concesión del indulto parcial y rebajó la condena a dos años de cárcel para que, tras pagar la correspondiente indemnización a la víctima, el chico evitar el paso por El Acebuche.

Alcaldes
La reforma anunciada en el Congreso afectará directamente a cargos públicos. Desde 1996, tres alcaldes almerienses se beneficiaron de la gracia del Ejecutivo en una decisión siempre rodeada de polémica. Bartolomé Soler, ex regidor socialista de Antas, fue condenado el 12 de abril de 2000 a una pena de ocho años y medio de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación al negar información a la oposición en el municipio. El ministro Juan Fernando López Aguilar (PSOE) firmó el indulto en mayo de 2005.

Cristóbal Fernández, ex alcalde socialista de Carboneras, por condenado por la Audiencia Provincial de Almería en febrero de 2005 por un delito electoral a la pena de seis meses de inhabilitación para desempeño de cargo público. Estaba acusado de un delito electoral por presionar a un ciudadano. López Aguilar firmó su exoneración en diciembre de 2006.

Un año después, el mismo ministro ordenó el indulto de Arturo Grima, alcalde del PP en Turre. Los hechos eran más antiguos y se remontaban a 1995. El regidor fue condenado a seis años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Frente a las ‘autoridades’ amnistiadas en este periodo, la historia de los indultos está repleta de ciudadanos anónimos, delitos comunes e intentos fallidos. Asimismo, no se aprecian diferencias sustanciales entre la concesión por parte de gobiernos socialistas y populares, al menos en la provincia de Almería. En los últimos 20 años prácticamente reparten mitad y mitad los indultos autorizados. En España se han firmado más de 10.000 desde 1996. Sólo en el año 2000 se concedieron más de 1.700.