"La violencia en los centros existe, pero no se habla de ello"

Una profesora de Secundaria le preguntó a una alumna por una especie de pen-drive que la chica había llevado varios días al instituto colgado del cuello. La luz roja del dispositivo, que, en realidad, era un grabador de voz, había parpadeado unos segundos y aquello despertó las sospechas de la docente. La chica terminó explicando que la grabadora se la había dado su madre para espiar lo que decían los profesores. El suceso tuvo lugar hace solo unos meses en un instituto de Almería.

El profesorado hizo sus escritos y pidió asesoramiento, pero el tema ha pasado sin pena ni gloria, según denuncian los afectados.

En otro centro, unos padres amenazaron con llevarse a un abogado a las reuniones con el tutor de su hijo, disconformes con las decisiones del profesor. Y en tres centros de Secundaria distintos, el mismo adolescente terminó golpeando a sus maestros. Ocurrió hace un año.

Son solo tres casos del ambiente que se vive en colegios e institutos, donde las falta de respeto al profesorado por parte de los alumnos, pero también de los padres de estos alumnos, se han convertido en la norma habitual. Es la denuncia que realiza la Junta de Personal Docente, que apunta que uno de cada cuatro profesores sufre  agresiones verbales y físicas en su lugar de trabajo.

En lo que va de curso, se han registrado cuatro denuncias por agresión en centros educativos. La proporción es pequeña si se compara con el número total de docentes, 9.000 entre Primaria y Secundaria, pero no es real, según señalan los representantes de los sindicatos. “Hay menos denuncias, pero me niego a decir que haya menos agresiones. Lo que han conseguido los protocolos que hay en marcha, que son burocráticos y farragosos, es que la gente no denuncie”, explica Eduardo García, profesor de Matemáticas y portavoz de UGT en la Junta de Personal Docente. García se refiere al Protocolo de Actuación ante agresiones a profesores que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2007. “Es obvio que no está dando resultados”, dice. Su opinión la comparten el resto de representantes del profesorado.

Partes de agresión La dirección de cada centro tiene que introducir en el Programa Séneca -una aplicación de la Consejería de Educación sobre la gestión administrativa de la labor docente- los partes que reciben del profesorado. Esa información le llega a la delegación territorial, que establece una especie de ranking que hace que los centros “entren en una competición absurda” para no ser considerados como conflictivos, según critican los sindicatos.

¿Qué ocurre entonces? “Pues que hay partes que no se mecanizan. La indisciplina se mantiene porque el alumno ve que, aunque se meta con el profesor, no pasa nada. Y eso crece hasta que se llega a los casos extremos de agresión física”. “El problema no es que ocurra, sino que se sepa”, opina Alfonso Martínez, maestro de Primaria y representante de CC.OO.  

Otra docente, María del Mar Golbano, maestra de Infantil, cree que todo lo anterior cambiaría si se reconociera la figura del docente como autoridad pública. “Que se aplique el Código Penal en lugar del Civil y que quien actúe así, sepa que tiene consecuencias. Porque hay padres que se creen con el derecho de entrar al centro y darte una molla porque solo les cuesta 50 euros de multa”.  

Los docentes piden que se actúe de oficio cuando les agredan
Los profesores, explica María del Mar Golbano, una decana maestra de Infantil, viven con “ansiedad” las continuas faltas de respeto de los alumnos y también de muchos padres, que ponen en solfa a menudo  las decisiones de los docentes.

Ante las agresiones de estos últimos, los profesores muchas veces optan por no denunciar. “Por miedo o porque no tienen ganas de meterse en problemas”, opina Carmen Cañabate, maestra de Primaria desde hace treinta años. Cañabate cree, y esta es una opinión que comparten la mayor parte de los docentes, que ante agresiones así, la administración debería actuar de oficio: “Como  ocurre en la violencia de género. Que se formule la denuncia quiera o no el profesorado”.

“Es un problema de concienciación social”, añade Alfonso Martínez, también maestro de Primaria y representante de Comisiones Obreras en la Junta de Personal Docente no universitario.

Ángel Rodríguez, de Docentes por la Pública, opina lo mismo: que los primeros pasos cuando se produce una agresión deberían darse “de oficio”. Los profesores, apunta, se siente “muy solos” en todo el proceso burocrático que se inicia cuando se denuncia un caso de este tipo. “Y lo peor es que la mayor parte de las ocasiones, el agredido es el que sale del centro”, señala María del Mar Golbano.

“Faltan medios y falta apoyo”, afirma Pilar López, profesora de Tecnología en Secundaria y portavoz de Ustea. 
La Junta de Personal Docente es muy crítica, por ejemplo, con el nuevo Plan de Éxito Escolar que, entre otras cosas, va en contra de las expulsiones de los alumnos en casos de indisciplina. “Es muy bonito lanzar planes que luego no se dotan con medios”, se quejan los representantes sindicales.

No existe una fecha concreta en la que las cosas empezaran a torcerse y los profesores pasaron de ser figuras reconocidas a “los últimos de la fila”. En 2005, ante los casos de indisciplina en las aulas, se creó la figura del Defensor del Profesor. “Todo ha ido de mal en peor”, asevera Eduardo García. A su lado, Juan Francisco Caballero, profesor de Música y portavoz del CSIF, asiente: “La educación parte desde casa. Y a nosotros nos han situado en el punto de mira”.

La situación ha empeorado mucho con las redes sociales y los grupos de WhatsApp.  “Se han convertido en un espacio para la agresión permanente donde se nos ataca e insulta”. “Para nosotros, son un cáncer”.