Charo Pérez, la madre del menor con Síndrome de Angelman que solicita la habilitación de recursos para el aula específica de El Toyo, en Almería, con el fin de escolarizar a su hijo el próximo curso, ha señalado hoy, en una convocatoria con las parlamentarias de Podemos Lucía Ayala y Libertad Benítez, que la familia se siente “engañada”, “ofendida” y “estafada” por la Junta de Andalucía, que se comprometió a estudiar el caso de Adrián y que, en lugar de ofrecer la alternativa que reclamaban los padres -que el niño siguiera escolarizado en el mismo centro en el que ha estado los últimos nueve años y donde también estudia su hermana-, ha decidido que el menor sea trasladado al IES Sol de Portocarrero.
“Ya veremos a ver si acatamos esa decisión o no, porque estamos dispuestos a llegar hasta el final”, aseguró ayer la madre del pequeño. La familia no descarta emprender acciones judiciales porque, asegura, la ley les avala. “La normativa establece que con que haya un solo niño, el aula específica debe funcionar”, ha apuntado.
Pérez teme que se produzca un retroceso en los avances que ha experimentado su hijo -el Síndrome de Angelman, diagnosticado como enfermedad rara, provoca problemas en el desarrollo psicomotor, episodios de epilepsia, una capacidad lingüística reducida o nula, escasa receptividad comunicativa, baja coordinación motriz y problemas de equilibrio y movimiento- si tiene que acudir a otro centro, fuera de su barrio y alejado de sus compañeros.
La madre del niño afectado acudió ayer a la sede de Podemos, en Almería, donde las parlamentarias andaluzas reclamaron más financiación para una educación pública “equitativa” en todas las provincias. Pérez ya fue invitada al Parlamento de Andalucía por el grupo parlamentario de Podemos, donde asistió a la pregunta que realizó la diputada autonómica Libertad Benítez en relación a su caso. La mujer también acudió al Congreso de los Diputación para dar visibilidad a un problema que afecta a cientos de familias con niños con enfermedades raras.
Entonces, a mediados de marzo, la respuesta que ofreció la Junta de Andalucía fue que la consejería de Educación habilitaría los recursos para dotar de contenido el aula específica cuando hubiera más niños en la zona que también solicitaran el servicio “puesto que, a demanda de una sola familia, es el niño el que deber ir al recurso y no el recurso el que vaya al niño”, con lo que el alumno “podría ser atendido en otra aula específica dentro del mismo sector de escolarización”, señaló entonces la consejera Adelaida de la Calle.
"La ley nos ampara"
“Nos sentimos ofendidos porque el 27 de abril recibimos una carta en la que se nos dice, directamente, que a nuestro hijo se le asigna otro centro. ¿Dónde queda el estudio que se iba a realizar sobre los recursos existentes? Nos sentimos engañados”, ha afirmado Charo Pérez. “No puede ser que la falta de recursos pueda más que todas las leyes que amparan a mi hijo. Ya veremos los pasos que vamos dando, pero desde luego, quietos no nos vamos a quedar”, ha apuntado.
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