Un cambio en la normativa deja fuera a 63 centros que imparten cursos de formación

Llevaban cinco años esperando, como agua de mayo, que la Junta de Andalucía aprobara una nueva convocatoria de los cursos de formación profesional y, cuando lo ha hecho, la sorpresa ha sido mayúscula. Un cambio en la normativa -la orden que regula la concesión de subvenciones a los centros establece que este año será por “concurrencia competitiva”- reduce en tres cuartas partes el número de entidades que podrán impartir estos cursos. En Almería, de las 95 solicitudes de subvención que se registraron, solo han sido aprobadas 32. El resto, las que afectan a 63 centros, se han quedado “en reserva”, lo que en la práctica se traduce en que el próximo año no tendrán cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que ofertar. 

En algunos casos, las academias que se han quedado fuera llevaban casi tres décadas impartiendo de forma continuada estos cursos sin que se hubieran producido nunca incidencias ni irregularidades, como afirman sus responsables. Un grupo de ellos ha puesto el tema en manos de un despacho de abogados y el pasado viernes presentaron, al mismo tiempo, cinco recursos contra la normativa. 

“El sistema de concesión de subvenciones para la formación para el empleo ha cambiado y este año es el primero que se hace por concurrencia competitiva. Nos parece bien, no estamos en contra en absoluto, pero sí lo estamos sobre los criterios de valoración de la convocatoria”, explica Gerardo Úbeda, portavoz de los afectados. 

Normativa

Los centros se quejan de que la normativa ha sido “diseñada” específicamente para dejar fuera a la mayor parte de las entidades que ofertan cursos de formación. “En Almería, dos de cada centros que hemos presentado una solicitud nos hemos quedado fuera. Traslada el problema a las escuelas infantiles. Sería impensable”, lamenta Úbeda. 

Los perjudicados aseguran que los cambios aprobados por la Junta de Andalucía no se deben a que haya menos dinero o porque se quiera sancionar a los centros por alguna “irregularidad”. “En absoluto. Es solo un criterio para reducir el número de entidades que participan”, dice.

La intención, creen los afectados, es “reducir el trabajo” de las delegaciones territoriales que, como en el caso de Almería, pasaría de controlar más de 90 centros a regular apenas una treintena. El problema, añaden, es que si se siguen aplicando los criterios actuales en próximas convocatorias, los centros afectados se quedarían “de forma permanente” fuera del circuito al ir perdiendo puntos de un año para otro. 

Más dinero por centro

La normativa permite que un solo centro se lleve el 10 por ciento de la subvención total que recibe cada provincia para el desarrollo de estos cursos de formación. Almería tendrá este año algo más de cinco millones de euros. Eso significa que, como ya ha ocurrido, alguna entidad podría recibir más de medio millón de euros de dinero público para la puesta en marcha de estos cursos. En otras provincias, como Sevilla, con 17 millones de euros de presupuesto, hay entidades que han recibido ayudas de 1,7 millones para gestionar en cursos de formación en un solo año. “Esto jamás había ocurrido”, asegura Gerardo Úbeda. 
 
Fuera de plazo

Según la convocatoria publicada en el BOJA el pasado 2 de septiembre de 2016, el plazo que se le dio a los centros para la presentación de las solicitudes fue del 3 al 20 de ese mes y el que se dio para la publicación de la resolución definitiva fue de seis meses (también ampliado al máximo permitido). Es decir, la resolución se debía dictar y publicar, como máximo, el pasado 20 de marzo y no el 6 de abril, que fue la fecha en la que salieron publicadas las resoluciones con los centros aprobados. 

“Mientras que a nosotros se nos exige un cumplimiento estricto de la legislación, como es lógico, en cambio la administración se permite el lujo de no cumplirla. Es decir, de resolver esta concesión de subvenciones fuera de plazo. Eso ha ocurrido en cinco provincias andaluzas, entre ellas Almería. Y nosotros presentamos el recurso, precisamente, porque pensamos que no puede tener validez la resolución definitiva sencillamente porque está fuera de plazo”, argumenta el portavoz de los afectados. 

Con una media de entre tres y cinco trabajadores por centro, la nueva normativa dejará sin trabajo en Almería a más de 1.700 personas. Una situación crítica que se suma a los cientos de centros que se han visto obligados a cerrar tras cinco años sin programación de cursos.