Una operación antidroga destapa un fraude millonario a la red de suministro eléctrico

Una macrooperación de la Policía Nacional contra el cultivo y el tráfico de marihuana en Almería destapa un fraude millonario a la red de suministro eléctrico de la ciudad. Un despliegue de decenas de agentes el pasado mes de mayo permitió registros simultáneos en Los Almendros y El Puche y la localización de 2.100 plantas de marihuana en distintas etapas de crecimiento, según fuentes jurídicas consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA.

El epicentro de la operación se produjo en la barriada de El Puche donde, según el testimonio de trabajadores del Polígono Sector 20, se utilizó incluso un helicóptero de la Policía Nacional para vigilar el perímetro. Los traficantes articularon equipos de iluminación y ventilación para sostener plantaciones caseras de cannabis sátiva con decenas de macetas. Seguían el modelo habitual, esto es, viviendas deshabitadas, cuartos repletos de plantas, ventiladores, lámparas y transformadores.

No hay cifras oficiales sobre el número de plantas localizadas en los registros, aunque fuentes jurídicas apuntan a un decomiso entre 1.500 y 2.000 macetas de marihuana localizadas en la capital. Sin embargo, más allá del golpe al tráfico de drogas en Almería, el valor de la operación radica en el impacto sobre la defraudación de suministro eléctrico. 

60 millones de kWh
Según un informe de Endesa publicado a mediados de febrero, en el año 2016 se ‘robaron’ en la provincia 60 millones de kilovatios (kWh), una cantidad equivalente a las necesidades de electricidad de la capital almeriense durante un mes. 
La defraudación alcanza niveles millonarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estimó en 150 millones de euros las pérdidas provocadas por el robo de electricidad en 2015 en España.

La compañía Endesa, consultada por LA VOZ DE ALMERÍA, asegura que no cuentan con cifras sobre los costes de este fenómenos por provincias, aunque apunta a un notable aumento de los casos de fraude detectados en Almería durante los últimos dos años, a saber, un 43 por ciento de subida respecto a 2015 y un 89 por ciento respecto a 2014.

Aunque existe un goteo de defraudaciones en los municipios, el grueso procede de viviendas okupadas y de inmuebles dedicados al cultivo de marihuana. Los equipos requieren un suministro alto y constante y los traficantes optan por engancharse ilegalmente a la red de la vía pública, a pesar de estar considerado como un delito en el Código Penal.

En este sentido, la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil han hecho un trabajo de colaboración muy importante para localizar y atajar las conexiones irregulares que, además, suponen un grave riesgo de seguridad (incendios y cortes de luz en barrios enteros).