La Junta de Andalucía invertirá 370.000 euros para cubrir los servicios de peritaje en los juzgados de la provincia durante los próximos dos años, según una resolución de la Delegación del Gobierno en Almería publicada esta semana.
El contrato es muy importante para el desarrollo de los procesos judiciales, fundamentalmente en los órganos de Instrucción, Violencia de Género y Menores, por ende, en los juicios que se celebran en los órganos penales.
Además, supone un pilar básico en las garantías contempladas en la asistencia jurídica gratuita para la tutela judicial efectiva. La Administración debe garantizar recursos a los ciudadanos con menos recursos para defender sus derechos ante los tribunales y, si requieren informes técnicos, se recurre a estos profesionales.
Los peritos realizan informes para determinar la entidad de unos daños, el precio de una propiedad o la veracidad de una firma, entre otros muchos servicios profesionales muy especializados y técnicos.
Según datos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, durante el ejercicio anterior se prestaron más de 1.600 peritaciones en la provincia a petición de órganos de los ocho partidos judiciales de Almería (no excluyen que las partes presenten sus propios informes técnicos).
El grueso de los peritajes registrados corresponde a informes sobre bienes muebles y vehículos, más de 800. El resto se distribuye entre los bienes inmuebles, las joyas, las comprobaciones topográficas, califigrafía e, incluso, los informes psicosociales.
Contrato
El partido judicial de la capital acumula el mayor volumen de informes periciales solicitados durante los dos últimos años. No en vano, cubre prácticamente la mitad de los municipios de la provincia y acumula más juzgados que cualquier otra demarcación en Almería.
A continuación se colocan El Ejido (335 actuaciones) y Roquetas de Mar (unas 300 actuaciones). Y resto de las peritaciones se reparten entre los otros cinco partidos judiciales.
El contrato licitado por la Junta de Andalucía para Almería incluirá también informes sobre vehículos, aeronaves, embarcaciones y otros bienes aprehendidos, de acuerdo a un protocolo firmado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Andalucía, la Consejería de Justicia e Interior y la Secretaría de Gobierno del TSJA.
La Junta de Andalucía tiene las competencias de Justicia transferidas desde 1997. Entre sus funciones está la financiación de la asistencia jurídica gratuita.
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