Sin pretendientes para el buque San Trela

El pesquero San Trela no tiene pretendientes. La Autoridad Portuaria de Almería ha declarado desierta la subasta pública del mercante congoleño apresado hace dos años con un alijo de 5.000 kilos de resina de hachís, según informó el Ministerio de Fomento. El barco estaba inmerso en un proceso iniciado por la Audiencia Nacional contra una organización criminal vinculada la tráfico de hachís a gran escala en la llamada Ruta del Mediterráneo Occidental.

A mediados del mes de mayo de 2015, efectivos de Vigilancia Aduanera abordaron el buque en el Mar de Alborán a unas 60 millas náuticas de la costa almeriense y apresaron a seis marineros, cinco de ellos de nacionalidad siria, acusados de delitos de contrabando y contra la salud pública. El barco fue escoltado hasta el Puerto de Almería, donde permanece anclado como bien decomisado en la operación judicial. En el registro de la embarcación se hallaron unos 200 fardos de arpillera ocultos en el interior de su bodega. 

Congo
La Agencia Tributaria localizó la embarcación rumbo al Mediterráneo Oriental y apresó el San Trela en aguas internacionales con la autorización de la República Democrática de Congo, país que pone bandera al mercante con más de 50 años de antigüedad.

No hay noticias del armador del barco ni del destino final del estupefaciente, valorado en más de 11 millones de euros según los primeros cálculos de la investigación. Así pues, la sala de la Audiencia Nacional autorizó la subasta pública del navío, con un precio de partida de 115.000 euros.

Sin embargo, según publica el Boletín Oficial del Estado, la Autoridad Portuaria no ha recibido ofertas por el bien y ha declarado la subasta desierta. La convocatoria prevé tres subastas sucesivas con una reducción sucesiva del 15 por ciento del precio de salida en cada una. En caso de no adjudicarse en ninguna de esas dos subastas, la tercera será libre de tipo.

El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio para facilitar la venta de buques, barcos y otras embarcaciones intervenidas en procesos de tráfico de drogas o blanqueo de capitales antes, incluso, de que los jueces dicten sentencia firme.