Funcionarios del Acebuche piden la retirada de la seguridad privada

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Acaip, ha pedido al Ministerio del Interior que retire la seguridad privada de las cárceles españolas y que los controles se dejen en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como se hacía hasta hace cuatro años. Entonces, la decisión de la Secretaría General de Prisiones de derivar a empresas privadas el control del perímetro carcelario y la vigilancia de cámaras de seguridad y garitas generó controversia entre los representantes sindicales de las plantillas y de Policía Nacional y Guardia Civil, que calificaron de “privatizador” el modelo impuesto para las tareas de vigilancia.

Ahora, y al albur de la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen que se encargan de los filtros de seguridad de pasajeros en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona y tras la decisión del Gobierno de que agentes de la Guardia Civil se hagan cargo del servicio, ha vuelto a cobrar fuerza la petición expresada al Gobierno central para que retire de las prisiones esa seguridad privada. La reclamación se incluye entre las exigencias que Acaip hace a la Secretaría General de Prisiones. 

Al borde del colapso
El sindicato asegura que la situación de las prisiones, incluyendo la del Acebuche, es “caótica” y “penosa” por problemas y situaciones que, a base de acumularse durante los últimos cinco años, “han colocado al sistema penitenciario al borde del colapso”. Entre estas, está la retirada de la seguridad privada de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios y dotarla adecuadamente con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

Inversión millonaria
La Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones de Penitenciarias (Acaip) denuncia que la Administración ha invertido 116 millones de euros a los largo de los últimos cuatros en privatizar los servicios de vigilancia exterior de las prisiones “todo ello en detrimento de la eficaz labor de las fuerzas de seguridad del Estado”. “Están alimentando el monstruo de la externalización de servicios en beneficio de grandes corporaciones financieras y empresariales, sin tener en cuenta nunca criterios tan básicos en el servicio público como la eficiencia y la eficacia y el respeto a los principios fundamentales”, se añade desde el sindicato. 

“A las arcas públicas, esta labor de vigilancia privada le está saliendo carísima. Se está pagando más del doble de lo que costaría. A la empresa se le abona 3.000 euros por cada trabajador, aunque luego el salario que perciba este, sea mucho más bajo. No estamos de acuerdo en que sea una empresa privada quien haga el servicio de vigilancia”, señala Ramón Ramos, portavoz de Acaip en Almería.  

Optimizar recursos
En la prisión del Acebuche trabajan 370 personas, entre funcionarios de prisiones y personal laboral. Hasta hace cuatro años, el control de acceso al centro estaba vigilado por un agente de la Guardia Civil y un funcionario. Desde entonces, y tras eliminarse la presencia de la guardia civil, el acceso está vigilado solo por un funcionario. Vigilantes jurados se encargan de controlar las garitas y cámaras de seguridad, se apunta desde Acaip. 

“Nosotros apostamos por la optimización de los recursos de la administración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creemos, además, que la implicación del personal de una empresa privada es limitada: no se le puede pedir la misma responsabilidad a un guardia civil que a un guardia de seguridad”, señala Ramos. 

Adjudicación
La empresa que se encarga de la seguridad es Ombuds, que fue la adjudicataria a nivel nacional de un concurso denominado “Servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios” por 34,6 millones. La cifra supone, según denuncia la agrupación profesional Acaip, un incremento del 4% respecto a la anterior licitación, que fue de poco más de 33 millones. Ombuds Compañía de Seguridad S.A. fue la gran beneficiaria del contrato, ya que se hizo con tres de los cuatro lotes en lo que éste fue dividido. El cuarto fue para la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Coviar, Sabico Seguridad S.A. y Prosetécnica. Con esta cantidad, señalan desde la agrupación de funcionarios de prisiones, serán cerca de 116 millones los invertidos por Interior en los últimos cuatro años en la vigilancia privada de las cárceles españolas.