Los delitos de menores de edad crecen un 20 por ciento en un año

El muchacho abandonó el centro de menores Tierras de Oria gracias a un permiso temporal. Viajó a Almería para reunirse con sus familiares y, durante unos días, continuar su programa de tratamiento fuera de los muros de los hogares del centro de reforma juvenil más prestigioso de la comunidad.

El 16 de agosto recayó. A primera hora de la tarde, una vecina denunció un robo con violencia. El chico pasó fugazmente a bordo de un ciclomotor por la calle de la Reina, en pleno centro de Almería, y en el tirón de apoderó de un bolso. Dos días más tarde, el muchacho comparecía como detenido en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería y, luego, en los despachos de la Fiscalía de Menores como paso previo a su regreso a Oria.

Los delitos contra el patrimonio y los casos de violencia familiar conforman el grueso las infracciones penales de menores de edad en la provincia. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, durante el año 2016 las fuerzas de seguridad arrestaron (o investigaron) a 513 menores de edad por presuntos delitos en Almería.

La cifra es notable en términos absolutos, ya que la provincia se coloca entre los puntos más conflictivos del país solo por detrás de zonas más pobladas como Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona o la Comunidad Valenciana. Además, la comparación interanual presenta un incremento de 20,7 por ciento en el número de menores detenidos (siempre en edades entre 14 y 17 años, según los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor).

La amplia mayoría de los expedientes corresponde a robos, maltratos en el ámbito familiar y actos de vandalismo. Los sucesos más graves, como homicidios y agresiones sexuales apenas representan un pequeño porcentaje del total de los episodios detectados. 

De hecho, el grueso de los procesos se salda sin necesidad de un internamiento. Según datos de la Fiscalía Provincial de Almería, en 2016 se dictaron 3.100 medidas ‘disciplinarias’ sobre menores infractores y, de ellas, 2.700 correspondían a programas de convivencia educativa o familiar. Apenas se decretó un centenar de internamientos.

Por tipología delictiva, las lesiones y los delitos contra el patrimonio lideran el ranking en Almería. No hubo casos de homicidio registrados (en 2017 se abrieron diligencias por la presunta participación de menores en la muerte de tres chicos en una cueva en La Molineta) y los delitos contra la libertad sexual quedaron reducidos a una docena de procesos.

Andalucía cuenta actualmente con 48 centros y servicios para el cumplimiento de medidas judiciales en medio abierto, de los cuales ocho son servicios integrales, diez centros de día, 19 grupos educativos de convivencia, ocho servicios de mediación, conciliación y reparación y otros tres son equipos multidisciplinares. 

Almería es una referencia nacional en este sector. Dispone de tres centros clave para el tratamiento de los casos más graves, a saber, Tierras de Oria, Purchena y El Molino (en la capital). Además, existen otros muchos recursos de medio abierto. Además, cuenta con un seminario de investigación en la Universidad de Almería y celebra cada año un prestigioso curso de verano.

Justicia

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, destaca el compromiso del Gobierno andaluz con las políticas de reinserción y resocialización de menores infractores, que ha convertido a Andalucía en “una comunidad autónoma de referencia por nuestra implicación y por los resultados que ofrece el sistema judicial de menores”.  

“La educación es una prioridad y un pilar básico para la sociedad andaluza y estos jóvenes necesitan mucho más de ese apoyo educativo, por ello trabajamos con ellos para que completen su formación y dispongan de una nueva oportunidad para reconducir sus vidas”, señala.

Aguilar, que tomó posesión como nueva titular de Justicia e Interior el pasado mes de junio, resalta “las acciones de orientación e inserción laboral para facilitarles la búsqueda de un empleo como medio de incorporación social”. 
Un ejemplo clave de esta apuesta es el centro de menores de Purchena, gestionado por la asociación Ginso, cuya principal misión es formar a los jóvenes para su futuro salto al mercado laboral.

 “Andalucía dispone de un sistema de justicia juvenil consolidado y capaz de ofrecer recursos suficientes para una atención sólida y profesional orientada a garantizar la resocialización de los estos menores”, añade Aguilar.

La consejera de Justicia e Interior subraya igualmente la eficacia de la medidas de cumplimiento en medio abierto para la reeducación de los menores, que suponen en torno al 80 por  del total de las medidas judiciales acordadas, según un estudio elaborado por un grupo de investigación de la Universidad de Almería. 

Entre las medidas en medio abierto se encuentran la libertad vigilada, grupos educativos de convivencia y las prestaciones en beneficio de la comunidad. Entre estas últimas se hallan la realización de actividades diversas que van desde la limpieza de grafitis hasta la colaboración en centros de salud, pasando por limpieza de jardines, recogida de residuos de un botellón, reparación de daños en mobiliario urbano o, por ejemplo, el acompañamiento a personas mayores.