El juzgado de cláusulas suelo asume 787 demandas en solo tres meses

El Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería ha ingresado en los últimos tres meses 787 demandas contra la aplicación de las cláusulas suelo en los créditos hipotecarios.

El órgano asume las competencias exclusivas en la provincia desde el pasado 1 de junio, cuando entró en vigor la especialización acordada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La cifra supone, de media, la entrada de ocho procesos diarios procedentes de todos los rincones de la provincia de Almería y eleva la proyección anual por encima de los 3.000 procedimientos.

Esta pesada carga se añade a los asuntos tramitados de habitualmente por el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería, encabezado por la magistrada titular Ana de Pedro. “Es el mejor juzgado de la provincia”, aseguró Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial, durante una concentración en protesta contra la medida del CGPJ.

Los operadores jurídicos manifestaron en bloque su rechazo a la especialización. El juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, anticipó la necesidad de un refuerzo de la plantilla que creara un “juzgado bis”, esto es, una plantilla paralela en el Juzgado de Primera Instancia número Siete dedicada a estas cláusula. El tiempo le ha dado la razón.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó la incorporación de un juez de refuerzo para el órgano de Almería y la Consejería de Justicia e Interior dio luz verde a un apoyo de cuatro funcionarios realizado de forma paulatina.

Y Almería no es la provincia peor parada. Otros juzgados cuentan las demandas por miles y se enfrentan a serias dificultades de funcionamiento. No en vano, la nueva consejera de Justicia, Rosa Aguilar, ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que rectifique.

“Confiamos en que el CGPJ se dé cuenta de su error y arbitre ahora nuevos mecanismos que ofrezcan respuestas justas y rápidas a las personas afectadas por la abusiva aplicación de las cláusulas suelo de las entidades bancarias”, afirmó Aguilar.

“Queda clara la oposición a este plan de todos los colectivos implicados, que coinciden con la Junta en que se trata de una decisión que no es adecuada para ofrecer una respuesta ágil y rápida a las personas afectadas por las cláusulas suelo”, añadió la titular de Justicia e Interior.

Mientras, el CGPJ confía en la eficacia de la especialización para asumir la avalancha de procesos derivados de la aplicación de la jurisprudencia europea.

Tras la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, los bancos están obligados a las entidades financieras a devolver las cantidades cobradas indebidamente a los clientes con cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios. Muchos alcanzaron acuerdos extrajudiciales. Otros se ven en los tribunales.