Un capitán de la Guardia Civil denuncia amenazas de muerte por una operación antidroga

La Operación Hiena (2012) escribió un capítulo imprescindible de la historia criminal de Almería. Su importancia va más allá del número de detenidos y del valor de la droga decomisada (unas 3,5 toneladas de resina de hachís) y radica fundamentalmente en sus conexiones con otros de episodios de la crónica negra de la provincia.

La Operación Hiena se expande y conecta con un hilo invisible bandas de narcotraficantes en el norte de Marruecos, el secuestro de un empresario en el Almanzora, un alijo en el Puerto de Almería, un camión cargado con droga, un tiroteo en una nave industrial de La Juaida... investigaciones cruzadas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria.

La Audiencia Provincial de Almería sentó en el banquillo a seis personas acusadas de presuntos delitos contra la salud pública, homicidio en grado de tentativa, atentado a la autoridad, cohecho y revelación de secretos. El 26 de junio de 2016, un tribunal de la Sección Primera presidido por la magistrada Lourdes Molina  condenó a los seis procesados a un pena total de 38 años de prisión. Entre ellos estaban un ex agente de la UDYCO de la Policía Nacional, entonces destinado en la comisaría del Aeropuerto de Almería, y el encargado de un depósito judicial con amplias relaciones con las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la sentencia no cerró el caso y la Operación Hiena permanece viva cinco años después. Dos piezas claves en su investigación están afectadas directamente por sus ‘coletazos. Son Luis del Pino, actual capitán de la Guardia Civil, y Rafael Soriano, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería.

El capitán
Luis del Pino coordinó la investigación de la Benemérita contra la presunta trama criminal y tuvo un papel determinante en la localización de un alijo en una nave industrial de La Juaida, donde se produjo un terrible tiroteo entre un ciudadano lituano, condenado luego a 15 años de cárcel, y un grupo de agentes.

El guardia civil, conocido en el mundillo con el alias ‘El Lobo’ y asistido por el letrado Francisco Rodríguez Morales, asegura sufrir presiones de miembros de la trama y el pasado mes de septiembre presentó en la Comandancia de Almería una denuncia por amenazas de muerte. El capitán aportó grabaciones telefónicas con supuestas amenazas contra él y contra su familia. Pide el amparo de los sistemas de protección para evitar daños y afirma sentirse abandonado en el caso.

No obstante, fuentes judiciales consultadas por LA VOZ confirman que existe también denuncia por amenazas contra el propio capitán de la Guardia Civil, aunque aún no se han tomado medidas cautelares en el procedimiento, pendiente de reparto (el juez inicialmente designado decidió abstenerse ante posibles incompatibilidades).

El juez
Por otra parte, el magistrado Rafael Soriano ha sufrido dos querellas por presuntos delitos de cohecho y falsedad documental en la instrucción de la Operación Hiena como titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería. Ambas han sido archivadas.

Los denunciantes consideran que el magistrado cometió un delito por cambiar de la fecha de un auto de prórroga de las escuchas telefónicas, cruciales en la investigación de la trama.

La primera se presentó en la Fiscalía Superior de Andalucía en abril de 2013, antes de la celebración del juicio, y se archivó en enero de 2014. La segunda, posterior a la sentencia, se presentó en marzo de 2017 y se archivó la pasada semana por ausencia de indicios de delito en la actuación de Rafael Soriano. El magistrado ve respaldada su actuación.

Recurso
No obstante, no es  la única vía judicial abierta. Las defensas han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para cambiar la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería. Entre sus argumentos está la posible nulidad de las escuchas telefónicas.

La conocida penalista Mónica Moya ya cuestionó la legalidad de los pinchazos durante la primera sesión del juicio oral en la Audiencia de Almería, sin embargo, el tribunal decretó la validez (con el apoyo de la fiscal, que no vio irregularidades en la autorización de las escuchas). El futuro recorrido del recurso decidirá.