La jueza procesa a tres personas por el ;taladrazo; en La Alcazaba

La jueza ha procesado a tres personas en el marco del caso 'taladrazo' y ha acordado el archivo de las diligencias contra la exdirectora del conjunto monumental de La Alcazaba de Almería, María Luisa García, ya que considera que "desconocía" que la empresa encargada del montaje del escenario para un espectáculo cultural hizo "20 agujeros" en uno de los muros del Patio de Armas para anclar un andamiaje.

El auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, consultado por Europa Press, sí señala que hay "indicios" de responsabilidad por un presunto delito contra el patrimonio histórico en el director artístico de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, el administrador de la subcontrata de alquiler de andamios y un funcionario del organismo dependiente de la Junta de Andalucía que actuaba como director técnico.

Según recoge la resolución del Juzgado de Instrucción 1 de Almería, la empresa de uno de los imputados fue subcontratada por una empresa de tecnología de andamios para realizar el montaje de un escenario y graderío en el Patio de Armas de La Alcazaba para la celebración en junio de 2016 de las XXXIII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

Indica que, para tal fin, se hizo un "prototipo" en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura, que después lo remitió a la citada empresa de tecnología de andamios, "encargada de adecuarlo a nivel técnico".

La jueza Ana Belén López añade que, cuando llegó el montaje, y "durante los primeros días", este fue realizado por los trabajadores de la subcontrata "estando presentes algunos empleados" de la empresa principal comercializadora de módulos de andamios "toda vez que aquellos le pidieron ayuda sobre cómo montar las gradas".

Remarca el auto que "durante todo el tiempo del montaje" estuvieron "presentes" el trabajador de la Agencia de Instituciones Culturales que actuaba como director técnico y el director artístico de las jornadas de teatro, "quien mantenía contacto directo" con el primero, "tomando decisiones entre ambos", subraya.

La jueza estima indiciariamente acreditado que el 18 de junio de 2016, no estando presentes ya en el conjunto monumental los trabajadores de la empresa principal, "se abrieron por parte de los trabajadores de la subcontrata 20 agujeros en los bloques de mampostería de piedra del patio de armas con el fin de anclar un andamiaje para focos".

"El andamiaje -ahonda- no estaba reflejado en el prototipo, estando presentes en la apertura de los dos últimos agujeros, según uno de los testigos ,el trabajador de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales".

El auto relata que, al ver un vigilante de seguridad "tales agujeros", lo puso en conocimiento de la exdirectora de La Alcazaba, "que hasta ese momento desconocía lo que se había hecho, acordándose el día 20 de junio proceder a la retirada de los anclajes y a la restauración".

La citada restauración de los agujeros, por un importe según perito judicial de "245 euros", se hizo con "mortero específico" para la reparación de piedra y "no se hizo proyecto de restauración por la Consejería de Cultura", según destaca.

La jueza acuerda continuar la causa con tres procesados y sobresee la imputación sobre la María Luisa García "al no existir indicios de la comisión por ella del delito contra el patrimonio por el que estaba siendo investigada".

Dimisión
García fue relevada de su cargo en septiembre de 2016, semanas después del incidente, aunque la consejera de Cultura de la Junta andaluza, Rosa Aguilar, quien realizó el anunció tras una reunión del Foro de Participación Alcazaba de Almería, desvinculó entonces este cese de los hechos investigados y de las reiteradas peticiones por parte de la asociación de amigos del monumento para que dimitiera.

Cabe recordar que la asociación ´Amigos de la Alcazaba´, que interpuso denuncia ante la Fiscalía Provincial, que a su vez interesó que se abriera procedimiento penal, cuantificó el valor de la reparación de la veintena de agujeros en, al menos, 3.112 euros mientras que la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta redujo los daños causados a este Bien de Interés Cultural (BIC) a tan solo 150 euros.

El fiscal apuntaba que los perjuicios ocasionados al principal monumento de la capital podrían ser constitutivos de un delito de daños al patrimonio histórico "bien en su modalidad dolosa", según el artículo 332 del Código Penal, "o cuanto menos, en su modalidad de imprudente", a partir del artículo 334 del Código Penal, que estiman penas de prisión de seis meses a dos años.