Rechazado el indulto a Ascensión López, condenada por calumnias a una religiosa

María Ascensión López se queda sin opciones legales. El Gobierno ha rechazado la solicitud de indulto para la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Almería, condenada por calumnias a la religiosa sor Dolores Baena.
El Consejo de Ministros desestimó en la reunión del pasado 20 de octubre la gracia de indulto y aboca a la acusada a afrontar el pago de 3.000 euros de multa y 40.000 euros en concepto de indemnización por “el daño moral causado” a la víctima.

La presidenta de SOS Bebés Robados de Almería acusó a la religiosa de organizar su venta en 1964. “Sor Dolores Baena, sobrina de mi padre adoptivo organizó mi adopción por la que se pagó 250.000 ptas”, señaló en una entrevista en 2013.  “Es que no existe solamente una sor María, sino que en cada ciudad hay una sor María y es una trama que lleva todos sus tentáculos por todas partes a todos los rincones. Hoy sí puedo decir que Sor Baena López es la monja que organizó mi adopción y por la que se pagaron 250.000 pesetas”, añadió.

Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número Tres de Almería, confirmada posteriormente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, “las expresiones no se ven amparadas por el derecho a la crítica ni a la información que alega la defensa”.

“El ánimo de infamar o intención específica de difamar, vituperar o agraviar al destinatario de esta especie delictiva o voluntad de perjudicar el honor de una persona, animus infamandi revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito por parte de la acusada, dadas las circunstancias, las imputaciones se realizaron en prensa y en televisión, se hace patente”, añade la resolución.

Ascensión López inició una campaña para defender su inocencia y encontró el respaldo de asociaciones de “bebés robados” de toda España. El pasado verano entregó más de 90.000 firmadas para apoyar la solicitud de indulto. El caso llegó incluso al Congreso de los Diputados, sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya avanzó que las condiciones del caso hacían difícil la concesión de la gracia de indulto. El Consejo de Ministros ratifica ahora esta posición.