El fiscal pide 1.554 años de cárcel a 50 acusados por el Caso Poniente

La causa por el denominado caso Poniente, el mayor escándalo de presunta corrupción institucionalizada puesto el descubierto hasta la fecha en la provincia de Almería, se encamina ya hacia la fase de juicio. El fiscal Anticorrupción, que inició la investigación en 2007, dos años antes de judicializarse, ha presentado sus conclusiones y calificaciones al Juzgado de Instrucción número 2. En total, acusa a cincuenta personas de haber orquestado una trama para apropiarse de dinero público procedente del Ayuntamiento de El Ejido vía sobrefacturaciones a la empresa de servicios Elsur y a través del cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos municipales.

El fiscal pide para todos ellos penas de cárcel que suman 1. 545 años de cárcel y responsabilidades civiles por un importe superior a los 100 millones de euros. En su extenso escrito de calificación, de más de 200 folios, les atribuye la comisión de 362 delitos entre malversación, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho activo y pasivo, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales. Las

De acuerdo con su investigación, esta trama, compuesta por hasta seis grupos con relaciones entre sí, habría conseguido detraer fondos del Ayuntamiento de El Ejido de en torno a 71 millones de euros entre los años 2002 y 2009, periodo que abarca la instrucción judicial. Además, se habrían lucrado con otros 29 millones de euros por fraude a la Hacienda pública correspondientes a impuesto de Sociedades y al pago del IVA. Entre los principales acusados figuran el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán, cuya connivencia -sostiene el fiscal- hizo posible la actividad delictiva de estos grupos, a cambio de lo cual obtuvieron sustanciosas prebendas económicas. A ambos les imputa delitos que implican penas de prisión de 66 años de cárcel.

También están en la nómina de acusados una docena de directivos de Abengoa, multinacional que constituía la principal accionista de la empresa mixta Elsur, y a la que el fiscal señala como el origen de toda la trama para, presuntamente, engordar el canon que obtenía del Ayuntamiento a través de Elsur y, además, obtener también beneficio defraudando a Hacienda. Elsur facturó en siete años 232 millones de euros al Ayuntamiento, una cantidad que incluía además del canon anual, cantidades millonarias por asesoramientos ficticios que escondían otra vía para ingresar dinero procedente del Ayuntamiento, de acuerdo con la tesis del fiscal Anticorrupción. 

La lista de acusados incluye asimismo a los dos principales responsables de las sociedades que subcontrataban con Elsur, José Amate Rueda y Juan Antonio Galán, para quienes solicita penas de prisión de 97 y 174 años respectivamente. A ambos les considera responsables de malversación continuada, cohecho y de decenas de delitos contra la Hacienda pública `por su actividad con las subcontratas con las que, de acuerdo con la investigación, sobrefacturaban enormes cantidades a Elsur obteniendo con ello un beneficio ilícito que, después, ocultaban también a Hacienda.

Entre el resto de los acusados por el fiscal están también familiares de los principales implicados, quienes habrían tenido un papel en las sociedades de todos ellos y habrían contribuido así en la actividad delictiva.