El fiscal, en base a los informes periciales, documenta la actividad de tres sociedades de Juan Antonio Galán (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión) que sobrefacturaron a Elsur por subcontratas de trabajos de jardinería, con las que obtuvo unos beneficios muy elevados, que fueron desviados, mediante facturación injustificada o por otros medios, a sus sociedades patrimoniales, G.P. Santander, SL y Multi Gestión Nuevo Ejido, SL y a otras sociedades de otros acusados.
Las tres primeras sociedades facturaron a la empresa mixta municipal en los siete años investigados un importe de 37, 6 millones de euros, de los cuales los peritos consideran que la sobrefacturación se eleva a 15,6 millones, con un porcentaje de beneficio del 48,21 %. Estas empresas incluían indebidamente en sus declaraciones fiscales pagos no deducibles y que tendrían como objetivo desviar fondos procedentes de la sobrefacturación. También cree el fiscal que, así como José Amate solo repartía beneficios con los miembros de la familia, Galán distribuía el dinero entre familiares pero también entre sus “socios colaboradores”, a saber, Juan Enciso, José Alemán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón. Y es que Galán poseía hasta 16 sociedades (aunque sólo 10 investigadas) con las que mantenía operaciones mercantiles con estos otros acusados, a través de participaciones de sociedades de estos en las suyas o, en el caso de la mujer de Alemán, Isabel Carrasco, como socia de Jardines del Poniente.
Así, mediante la facturación por servicios inexistentes, las distintas sociedades subcontratistas de Elsur pertenecientes a Juan Antonio Galán pagaron, según la acusación del fiscal, a las mercantiles de Enciso, Alemán, Cuevas y Aragón cantidades que en realidad encubrían comisiones ilícitas y reparto de los beneficios ilegales. Todo este reparto viene detallado año a año, sociedad por sociedad y persona por persona en el escrito final de calificación. En lo que se refiere a Enciso y Alemán, el fiscal concluye que los pagos obedecían al pago por permitir las actuaciones ilícitas que deberían haber evitado como alcalde y como interventor que eran.
Además, Galán destinó importantes cantidades a comprar quince propiedades inmobiliarias en Santander, Madrid y Almerimar, con una valoración de más de 4,5 millones.
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