El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dinamitó el sistema hipotecario español con la anulación de un paquete de cláusulas abusivas ampliamente extendidas en el mercado financiero. La onda expansiva obligó a adoptar medidas excepcionales para tramitar la previsible avalancha de demandas y, desde el pasado 1 de junio, un único juzgado de Almería se ocupa de todos los casos de la provincia sobre cláusulas suelo, la más famosa de las anuladas por el TJUE.
El Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía reforzaron el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería con un juez de apoyo y un grupo de funcionarios. El refuerzo cumplía la petición del juez decano de Almería, el magistrado Luis Miguel Columna, sobre la creación de un “juzgado bis”, una especie de plantilla paralela y especializada en la materia.
Ahora bien, seis meses después de la entrada en vigor de la medida, los apoyos se quedan cortos ante las cifras de ingreso de asuntos y los operadores jurídicos evalúan nuevas ayudas para el personal. Según cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería ha recibido 1.800 demandas sobre cláusulas suelo en los últimos seis meses.
El órgano ha celebrado más de un centenar de vistas y señalado otras 300. Sin embargo, el volumen de demandas civiles supone un reto pantagruélico para los profesionales y el juzgado de Almería solo ha dictado 42 sentencias en este periodo. La diferencia entre los asuntos ingresados y los asuntos resueltos revela la complejidad, a pesar del camino marcado por la jurisprudencia europea sobre cláusulas abusivas.
Prórroga del plan especial
El CGPJ tiene clara la dimensión del conflicto. Lejos de anunciar la finalización de la medida de especialización de los juzgados iniciada el 1 de junio, el Poder Judicial instó la pasada semana al Ministerio de Justicia y a las comunidades a ampliar aún más los refuerzos durante el año 2018.
Si se cumple la premisa de un juez por cada 1.000 asuntos al año, la provincia de Almería estaría en parámetros de una nueva incorporación. No en vano, el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Almería asume litigios relacionados las cláusulas suelo y también otros asuntos como vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
“El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia”, precisa el CGPJ. “La estimación es que el año que viene se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados”, añade.
La Junta de Andalucía, que tiene las competencias de Justicia desde hace 20 años, se ha mostrado crítica con la especialización de juzgados adoptada por el CGPJ. No obstante, la Consejería que lidera Rosa Aguilar cumplió con los acuerdos para apuntalar los recursos personales de los órganos afectados por la medida. Una ampliación el próximo ejercicio supondría redoblar esfuerzo. El Ministerio se lo piensa.
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