"La investigación del caso Poniente es un ejercicio de irresponsabilidad"

“Creo que la investigación del caso Poniente ha venido presidida, al menos así lo creo yo, por un notorio ejercicio de irresponsabilidad, no puede descargar la Fiscalía el peso de la investigación en la Inspección de Hacienda, a la vista está el resultado, solo delitos fiscales”.

Quien así opina es Francisco Torres, conocido abogado penalista almeriense, defensor en esta causa de Juan Enciso, exalcalde de El Ejido, y de otros imputados en la que pasa por ser la presunta mayor trama de corrupción investigada hasta el momento en la provincia de Almería.

En declaraciones a la Cadena SER, Torres hace estas apreciaciones a raíz de conocerse las conclusiones del fiscal Anticorrupción y las acusaciones que formula contra 60 personas -entre ellos Enciso y el exinterventor municipal José Alemán- en su informe de calificación provisional. 

“Inentendible”
En concreto, para el exalcalde, como para Alemán, solicita 66 años de prisión por la presunta comisión de 19 delitos, entre ellos los continuados de malversación, cohecho pasivo y prevaricación, además de 16 delitos fiscales. El abogado defensor considera “sorprendente” que “el 90% de las acusaciones giran en torno al delito fiscal, y solo un 10% restante quedarían a los llamados delitos que afectan a la corrupción”. 

Según el letrado defensor, tal cosa no se entiende. “Primero -explica- porque la Fiscalía Anticorrupción actualmente no investiga los delitos fiscales, y segundo porque cuando se habla de una causa o macrooperación como en este caso es inentendible que el 90% tanto de los delitos como de las penas, esa barbaridad de penas que se solicitan, lo sean referido al delito fiscal y no a delitos propios de la corrupción”. 

En opinión de Torres, también resulta “pintoresco” que la Agencia Tributaria “acuse a diversas personas de delito fiscal y que el Ministerio Fiscal no los acuse, es decir, lo que para la Agencia Tributaria es delito el fiscal solo lo asume en unos casos y no los asume en otros”. 

Se refiere con ello al informe de acusación que presentó antes que el fiscal la Abogacía del Estado, que representa los intereses públicos, en función de los informes periciales que realizaron los técnicos de Hacienda. 
Sobre esta misma argumentación, el abogado defensor del exalcalde ejidense  y de otros acusados concluye que si los delitos fiscales “no los investiga nunca la Fiscalía Anticorrupción, no puede justificarse una operación de esta envergadura a partir de esos delitos fiscales”. 

Y pone un ejemplo. “No hace mucho la prensa se hacía eco de que el actual alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, también era acusado de delito fiscal, al parecer, por unas cuestiones evidentemente privadas [,,.] Y, claro, yo preguntaría, ¿estaría justificada una macrooperación simplemente porque el alcalde ha tenido un problema privado?,  que no es tampoco el caso que a nosotros nos ocupa, insisto en que no hay ningún delito fiscal que imputar al señor Enciso cuando era alcalde, pero, en todo caso, no estaría justificada nunca una operación en el Ayuntamiento de El Ejido porque tuviera un problema el actual alcalde”. 

Respecto a esta cuestión, Francisco Torres también alude a que de este tipo de delitos contra la Hacienda pública puede haber, en el caso Poniente, “una clarísima prescripción”, pero que, más allá de ello, a lo largo de la instrucción de este asunto “nunca se ha preguntado, nunca se han imputado estos delitos a ninguna de las personas que hay en el procedimiento”, y tampoco “Hacienda jamás ha notificado a ningún acusado una liquidación, que es un presupuesto básico para que se produzca delito fiscal”. 

Presunción de culpabilidad
El letrado concluye de todo ello que la investigación ha adolecido de “irresponsabilidad” por “descargar el peso” en los informes de los peritos de la Agencia Tributaria. “Un inspector de Hacienda sabrá mucho y controlará los tributos y sus sanciones, pero que se convierta en un procedimiento penal en juez y parte, que le impute delitos como la malversación, como la prevaricación etc, que son de un gran rigor técnico, penal, desde el prisma, como hace Hacienda, de la presunción de culpabilidad [...] a partir de que la instrucción finalmente ha recaído sobre un inspector de Hacienda estamos en la situación en la que estamos, y lógicamente el resultado era el que se está produciendo”. 

Cifras “disparatadas”
Paco Torres critica también la “disparidad” en las cantidades en las que presuntamente resultó perjudicado el Ayuntamiento de El Ejido. unas cantidades que las acusaciones particulares (el propio Ayuntamiento de  El Ejido e Izquierda Unida) cifran en más de 100 millones de euros pero que la instrucción ha situado en algo más de 70 millones (a las que habría que sumar lo presuntamente defraudado a Hacienda). 

“Son cifras disparatadas y, fundamentalmente, son cifras dispares. Nosotros mantenemos, y lo demostraremos, que no se produjo perjuicio alguno y que todas esas tesis de las cuantías defraudadas, que yo creo que han sido auspiciadas por la propia Agencia Tributaria a partir de esa presunción de culpabilidad, caerán por su propio peso en el juicio”.