Juicio a un club cannábico con más de 2.000 socios

El presidente de la asociación cannábica Tricoesfera al que la Fiscalía acusa, junto con otras cinco personas, de asociarse ilícitamente para la “venta indiscriminada de marihuana y hachís” desde su sede en Almería, ha declarado este lunes que consideraban “legal” su actividad de acuerdo con los estatutos de la asociación, en la que solo una parte de sus miembros, “entre 350 y 400”, eran “socios de cultivo” que realizaban aportaciones para contribuir a los gastos derivados del mantenimiento de la plantación, mientras que el resto acudía a las instalaciones para el consumo de sus propios estupefacientes o para participar en otras actividades.

Durante la vista celebrada en la Audiencia de Almería, el principal acusado, para el que el Ministerio Público pide siete años de prisión, ha recalcado a preguntas de la Fiscalía que los miembros de la directiva tenían el convencimiento de que su actividad era “legal”. “Nos habían informado de que había muchas asociaciones más en España, presentamos nuestros estatutos y nos los aprobaron”, ha explicado el acusado, quien ha señalado que la asociación se montó para evitar consumir “en la vía pública”.

Ha detallado que había socios que “no adquirían sustancias” en el seno de la asociación y otros iban porque “había un gimnasio, una biblioteca, billares y un futbolín, todo gratuito”, de modo que “algunos consumían y otros no”.  Con ello, ha negado que se llegara a alcanzar “los 2.006 socios” que figuraban en los libros requisados por intervención policial en enero de 2015, puesto que hubo “cerca de 900 u 800 bajas” aunque no quedaran reflejadas en el listado, -figuraban “36 bajas” según la fiscal- y que se hacían “entre todos” los voluntarios.

Preguntado por los carteles que colgaban de las paredes de la asociación con las modalidades de marihuana y sus diferentes precios, el acusado ha incidido en que esas tarifas correspondían a las “aportaciones” que debían realizar los socios “cultivadores” para “poder sacar eso adelante” por los “gastos” que se generaban y que a cada uno de ellos le correspondía un “máximo de 60 gramos al mes ”.

“Teníamos lo que teníamos y hasta donde llegaba”, ha añadido el encausado tras ser cuestionado por una reunión de la junta directiva en la que se plantearon condiciones para una “compra colectiva" en caso de tener que acudir al “mercado negro”.