Cs ‘aprieta’ la negociación con líneas rojas y el PP da por hecho el acuerdo

Tres líneas rojas separan a Ciudadanos del Partido Popular para cerrar el acuerdo que permita contar con presupuestos al Ayuntamiento de Almería. Tres peticiones que considera el portavoz naranja, Miguel Cazorla, como irrenunciables para poder rubricar con su mano alzada las cuentas en el plenario -ya sea con un apoyo o con una abstención- y que asegura que “el equipo de Gobierno ha sido reacio a aceptar” aunque tan solo media hora después la concejal de Economía y Contratación, María Vázquez, dejaba claro que “los números están cerrados” y que el presupuesto irá a Pleno “después de Navidad para que entre en vigor en febrero”.

Estas son las dos caras de una misma moneda, la de una negociación que aunque menos pública que otros años se alarga mucho.

Cazorla transmitía ayer su “tristeza y preocupación” porque a pesar de su “compromiso de dar estabilidad a la ciudad” hay tres líneas rojas sin las cuales “no se va a apoyar el presupuesto, ni con abstención” porque benefician “a los intereses de los almerienses”. Eso sí, deja claro que “no son las líneas más esenciales” que esas sí que se han cerrado ya.

Las peticiones pasan en primer lugar por una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de forma que, esa rebaja gradual aprobada en cuatro ejercicios “se adelante un año”. Esto significa que en 2019 bajaría el doble ya que si se aprueba en 2018 se hace efectivo el año siguiente. 

Según las cuentas de la formación naranja, esto implicaría una rebaja de 3,5 millones de euros en los ingresos pero “supondría un año menos de agonía para los almerienses”.

La segunda medida que considera irrenunciable el portavoz de Ciudadanos es “estudiar y poner en marcha una nueva tarificación o bonificación de la zona azul (ROA) para los trabajadores, funcionarios, autónomos o empresarios que tienen su centro de trabajo en las zonas de influencia”. Ciertamente la medida sería tipo bono, por lo que cree que “no afectaría al contrato con la concesionaria” y a pesar de que no hay un cálculo claro, cree que no costaría más de 300.000 euros.

Devoluciones
La tercera medida, quizá la más controvertida de las presentadas, es la petición de que el Ayuntamiento incluya en el presupuesto una partida para la devolución de las plusvalías cobradas cuando se han producido ventas a pérdidas.

Reconoce Cazorla que esto no se podría hacer “hasta que la Dirección General de Tributos se pronuncie” ya que actualmente es un impuesto legal pero tiene claro que “no se puede esperar un año más y racanear con esto”. Eso sí, tampoco hay una cuantía prevista y ni siquiera cuantas ventas de este tipo se realizaron ya que dependerá de que los propietarios puedan demostrarlo.

Trazadas esas líneas rojas y explicado que el grado de ejecución del acuerdo de 2017 con un 70%, Cazorla no quiere ponerse plazos para alcanzar un acuerdo. Lo deja todo en manos del equipo de Gobierno del Partido Popular.

Por su parte los populares tienen casi claro que el acuerdo está a punto de alcanzarse. Sobre las tres peticiones la concejal de Economía afirma que evidentemente todo lo que piden “tiene repercusión sobre los presupuestos” pero cree que “no habría problemas en negociar la bajada del IBI”. Con respecto al bono para la zona azul, dice que estarían dispuestos a “hacer un estudio de viabilidad pero habría que ver la incidencia que podría tener dentro del contrato de la concesionaria del servicio”.

Donde encuentra más problemas es en la devolución de las plusvalías. Y es que dice María Vázquez que “hasta que no se manifieste el Estado no se las considera como cobro indebido por lo que no podemos devolverlas”. E invita a Cazorla a “replantear esta línea roja”.

Plazos
A pesar de todo, Vázquez se muestra muy optimista en que se cierre un acuerdo. Afirma de hecho que “los números están cerrados y se está cerrando el expediente para poder llevar el presupuesto a Pleno justo después de Navidad de forma que, esté a exposición pública durante quince días y si no recibe ninguna alegación, pudiera entrar en vigor en el mes de febrero”.

Por su parte el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, criticaba ayer que aún no se supiera nada de los presupuestos, que de hecho no entrarán en vigor el 1 de enero, como manda la ley. Considera que es  “un síntoma del fracaso político del alcalde, de la incapacidad, de la falta de eficacia y de gestión del equipo de Gobierno del Partido Popular, que no es capaz de terminar un  presupuesto a tiempo”. Y cree que  se podría estar ante un retraso “deliberado” para ejecutar más partidas.