Joaquín Conde reconoce dos facturas falsas por 40.000 euros

El conocido empresario Joaquín Conde aseguró en su declaración como acusado que entregó los suministros de merchandising contratos por el Patronato Provincial de Turismo durante los ejercicios 2009 y 2011, pero no pudo aportar los albaranes firmados porque “existía confianza” tras años de cooperación.

Conde está acusado de participar de la falsa facturación para cobrar cantidades de dinero público en colaboración con la secretaria del Patronato, Teresa González. En su defensa rechazó esta acusación, aunque reconoció dos facturas por un montante de 40.000 euros correspondientes a dos stands en las ferias de Valladolid y Valencia que nunca se realizaron.

“No los monté”, afirmó. “Me debían por servicios encargados y prestados y me dijeron que sí quería cobrarlos, tenía que hacerlo de esa manera”, añadió Joaquín Conde en su declaración a preguntas del fiscal José María López Cervilla durante una hora y media.

El empresario almeriense admitió también haber participado en la reunión en la que se trató el pago de una subvención  de la Diputación a Unicaja Voley para saldar la deuda con Leitour Viajes (afirmó que estaba presente en la cita pero que no habló de este asunto). Además, el empresario confirmó que había recibido pagos sin facturas y cambió su versión sobre la presencia del tesorero del Unicaja Voley en la reunión.

Peña Regiones
Las sospechas de la acusación se extienden incluso a su vinculación con la Peña Regiones. En el proceso aparecen facturas de viajes del grupo endosadas al Patronato  Provincial de Turismo. Conde aseveró que eran los padres de los niños quienes pagaban los desplazamientos. Sin embargo, la institución también abonó ese concepto. El destino del dinero de esta doble facturación se desconoce.

El fiscal identifica 24 facturas emitidas por Publifiestas Conde al organismo de la Diputación de Almería 233.536, 28 euros entre noviembre de 2008 y junio de 2011. Estos documentos fueron confirmados por el vicepresidente Luis Pérez Montoya o por la secretaria Teresa González.

El fiscal pide una condena de siete años y medio de cárcel para el popular empresario almeriense por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y continuado de falsedad en documento mercantil.
Es, junto a los empresarios de Leitour Viajes, el proveedor peor parado en las acusaciones del Ministerio Fiscal en este denominado Caso Facturas.