Guzmán saca pecho con la sentencia del Mesón y la oposición pide cautela

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que no se admite el recurso del Colegio de Arquitectos contra la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales cuyo dictamen respaldaba la decisión de la empresa municipal Almería Urban de sacar a concurso de forma unificada la redacción del proyecto y las obras del Mesón Gitano, y por tanto, da por legal la contratación, ya ha tenido las primeras reacciones.

Los principales interesados, la parte demandante, el Colegio de Arquitectos, apuestan por ser cautos y no pronunciarse hasta no reunirse con sus representantes legales y por tanto, estudiar tanto la sentencia como esa posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, única opción posible para mantener abierta esta vía administrativa del contencioso. La penal sigue su curso de forma paralela.

Desde el equipo de Gobierno el encargado de explicar la postura ha sido quien fuera el consejero delegado de Almería Urban durante toda la tramitación, Manuel Guzmán, y actual concejal del área de Seguridad y Movilidad.

Afirma el edil popular que “esta sentencia reconoce lo que siempre se dijo desde el equipo de Gobierno, el buen trabajo que realizan los trabajadores de esta casa” sentenciando además que “éste ha sido un expediente totalmente impoluto tanto en su procedimiento administrativo tanto jurídico como técnico”. Recuerda Guzmán que este procedimiento “ha pasado tres auditorías, todo el proceso de la administración local, del Estado y de la Unión Europea, y créanme que no es nada fácil”.

Insiste el ex consejero delegado de Almería Urban en que se trata de “un procedimiento totalmente transparente donde se ha dado toda la información antes, durante y después de la licitación” y considera que esto “desmantela a  todas aquellas personas que han intentado utilizar de una determinada forma cosas circunstanciales para crear una película con apariencia de credibilidad y que se ha demostrado que es falso”.

Por su parte desde el Grupo Municipal de Ciudadanos su portavoz, Miguel Cazorla, muestra su alegría porque “el TSJA por vía administrativa haya dado la razón al Ayuntamiento” pero tiene claro que “aún se desconoce si se va a apelar por parte del Colegio de Arquitectos y cómo va a quedar la vía Penal y Civil” por lo que quiere mantener la calma. Eso sí, recuerda que esta sentencia es positiva porque “la administración no solo tiene que se transparente, sino parecerlo”.

Desde el Grupo Municipal Socialista, su viceportavoz, Carmen Núñez, asegura que esta sentencia es “una buena noticia” porque “comienzan a clarificarse los temas judiciales que tiene que ver con el Mesón Gitano”.

Recuerda que en su momento desde su formación se apoyó este tipo de contratación porque “así lo aconsejaban los técnicos municipales y por tanto que el juzgado haya respaldado esta decisión es positivo”. 

Considera así Carmen Núñez que superada esta primera parte del periplo judicial que rodea al Mesón Gitano, es el momento en el que “el Ayuntamiento debe poner el foco en lo importante y es que este equipamiento,  ya está terminado se abra a la gente y se haga algo útil con él”.  Afirma rotunda que éste “debe ser un elemento fundamental tanto de cohesión social como de dinamización del Casco Histórico, y por tanto debe ser un equipamiento que se abra a la gente y más al estar situado en un barrio que necesita más que nunca convertirse en un referente turístico de la ciudad” que de hecho es para lo que fue concebido.

Por último la concejal de Izquierda Unida, Amalia Román, mostraba el total respeto que desde la formación de izquierdas tienen a los mandatos judiciales y explicaba que “aún queda pendiente el juicio penal en el que están imputados incluso funcionarios que siguen trabajando”.

Lo cierto es que, a pesar de que aún sigue abierta la vía penal, la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA respalda la decisión impugnada del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que “tras una exposición coherente desde la técnica jurídica, culmina en que, a su juicio, la motivación contenida en los informes y los documentos técnicos” resultan “suficientes para justificar que se acuda a esta modalidad excepcional” de contratar de forma conjunta el proyecto y las obras. Así recoge que los motivos por los que se toma la decisión “no son de conveniencia técnica sino de necesidad” ya que “se han expuesto los condicionantes físicos, topográficos, geológicos y arqueológicos en la zona”.