La Junta busca soluciones para evitar despidos tras la sentencia de las 35 horas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía y considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa comunidad autónoma, el Decreto-ley recurrido vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas. Hubo un voto a favor de las tesis de la Junta por parte de un magistrado del TC.

El número de empleados públicos afectados por  la resolución judicial alcanza los 270.000 en toda la comunidad y más de 21.000 en la provincia de Almería.

Para todos ellos busca soluciones la Junta, soluciones que llegarán en los próximos días, según ha avanzado la propia consejera de Hacienda, María Jesús Montero.

Asimismo, esta decisión ha provocado que se reabra de nuevo la batalla política en el seno de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía, con voces como la de las almerienses Carmen Crespo (Partido Popular) y Marta Bosquet Aznar (Ciudadanos).

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que su Gobierno va a respetar y acatar la sentencia del Constitucional, sin dejar de defender los derechos de los empleados públicos en la comunidad.

La estimación del recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el Tribunal Constitucional era algo que se esperaba en el seno de la Junta de Andalucía.

Los socialistas han venido criticado duramente la posición del Partido Popular en todo este asunto. Ayer mismo, el número 2, Juan Cornejo, aseguraba que “Mariano Rajoy consuma con las 35 horas su agresión constante a Andalucía con el apoyo indigno de Juan Manuel Moreno”, el presidente del PP en la comunidad.

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha informado de que su grupo parlamentario ha registrado en la Cámara una petición de comparecencia urgente ante el Pleno para que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, valore la sentencia del Tribunal Constitucional, informa Europa Press.

Maíllo dijo que es una “noticia malísima” para Andalucía y también puso el foco en la dirección de los populares andaluces “por no presionar más” al Gobierno de Mariano Rajoy y evitar el recurso ante el Constitucional, cuestión que será abordada en el último Pleno del Parlamento andaluz la próxima semana.

Por su parte, la portavoz popular en la Cámara autonómica, Carmen Crespo, recordó que desde las filas del PP siempre se ha abogado por el “diálogo” entre los ejecutivos de Sevilla y Madrid.

La número 2 del PP-A, Loles López, acusó a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de usar a los empleados públicos como “escudo electoralista” para sus intereses.

La decisión del Tribunal Constitucional la conocieron dos dirigentes de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín y Marta Bosquet, mientras asistían en Sevilla a un acto con su líder nacional, Albert Rivera.

Ciudadanos trasladó su “respeto absoluto” por la sentencia.