Nuevo desalojo en El Puche

La Junta de Andalucía ha actuado cumpliendo "la legalidad" al proceder a recuperar la vivienda de la calle Antonio Mairena nº 6, en el barrio almeriense de El Puche, "que mantenía ocupada ilegalmente una familia a la que se abrió expediente de desahucio", ha explicado el Gobierno regional en una nota. Los ocupantes de dicho inmueble han sido desalojados a primera hora del día de hoy, en una actuación sin incidentes, en ejecución de orden dictada por el Juzgado.

"La vivienda, que es titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y como tal, forma parte del parque público residencial en alquiler de la Junta, fue “vendida ilegalmente" en septiembre de 2015 por quien era su legítimo adjudicatario a la familia que ahora ha sido desalojada, pese a que ambas partes conocían la prohibición expresa de transmitir el inmueble, que es propiedad de la Administración andaluza, circunstancia ésta que también conocían cuando hicieron el negocio entre ambas partes. Por eso, el titular adjudicatario ha sido denuncia por AVRA en el Juzgado y ante la Fiscalía", ha explicado la Junta.

Pese a disponer de esa información, la familia afectada no acudió en ningún momento a AVRA para solicitar información previa a la “compra” de la vivienda. La agencia, nada más conocer tal circunstancia en el proceso de verificación de las viviendas de su parque residencial, puso en marcha el correspondiente expediente para la recuperación del inmueble.

Según la Administración autonómica, en el proceso de tramitación, la familia afectada no ha interpuesto en ningún momento recurso alguno contra dicho expediente, que se inició y se ha desarrollado, hasta finalizar con el desalojo de la familia, desde el convencimiento de que la Junta de Andalucía tiene que cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, que obliga a actuar contra quienes ocupan de forma ilícita una vivienda.

Pero además, y sobre todo, con esta acción la Consejería de Fomento y Vivienda ha querido, como siempre que impulsa expedientes de este tipo, velar por los intereses de las familias que, teniendo necesidad de vivienda, respetan la normativa vigente en tal materia. De hecho, la vivienda recuperada será entregada a una familia cuyo perfil se adapte a las características del inmueble y que tras haber sido baremada, se encuentre en situación de vulnerabi-lidad y necesidad extrema de vivienda.

De esta manera, la Junta dará cumplimiento una vez más al mandato legal que determina la función social de la vivienda pública, como ha ocurrido en casos parecidos a éste. El más reciente ha sido el de la vivienda de Granada, cuya ocupante intentó el pasado verano mantenerse en su interior, junto a su hija menor, con apoyo de las plataformas anti desahucios, pero que finalmente ha depuesto su actitud, abandonando la vivienda para que pueda ser adjudicada a otra familia que la necesita.

La familia que ha sido desalojada hoy en El Puche no es usuaria de los Servicios Sociales municipales, pese a que desde AVRA se le ha instado reiteradamente a que recurriera a dichas dependencias para que fuera baremada y analizada su situación. Tampoco ha participado en la convocatoria que realizó el pasado verano la Agencia en El Puche, para crear la bolsa de solicitantes de viviendas en el barrio, aunque ha estado informada de dicha convocatoria por parte de las trabajadoras sociales de AVRA. Y ha rechazado las alternativas de alojamiento que se han puesto a su alcance en los últimos meses, prefiriendo en todo momento mantenerse en la vivienda que finalmente han tenido que abandonar hoy por decisión judi-cial.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación tiene en marcha decenas de expedientes por ocupación irregular de viviendas en El Puche, abiertos a partir del trabajo de verificación que se realiza en el barrio, y que permite detectar los inmuebles que están ocupados por familias no adjudicatarias. De esos expedientes, una veintena están ya resueltos y por lo tanto, habrán de ser ejecutados en las próximas semanas. La mayoría de esos expedientes afectan a familias inmigrantes que han ocupado las viviendas sin ningún tipo de autorización por parte de AVRA, titular de dichos inmuebles.