Mientras los agentes antidisturbios controlaban un motín en la cárcel de Archidona (Málaga), convertida en un improvisado centro de internamiento de extranjeros (CIE), sus compañeros de la provincia de Almería exprimían sus recursos en el Muelle de Poniente para atender a los últimos 32 inmigrantes rescatados en aguas del Mar de Alborán.
La Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería multiplica sus esfuerzos ante la mayor afluencia de pateras en un década, con cifras inéditas desde la puesta en marcha de los radares del SIVE en la provincia (2005-2006). Según datos oficiales, la Policía Nacional ha recibido este año 248 pateras. A bordo viajaban 5.378 personas de origen subsahariano y magrebí y 258 eran menores de edad (a disposición de los recursos de protección de la Junta de Andalucía).
El grueso de las embarcaciones fueron rescatadas por personal de Salvamento Marítimo en alta mar, en ocasiones en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con patrulleras adscritas a la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) e, incluso, con barcos mercantes y militares.
El aviso del Centro de Coordinación de Salvamento en Almería moviliza paralelamente a personal de la Cruz Roja Española para la atención humanitaria de emergencia y a la Policía Nacional para los trámites de extranjería.
Capacidad en CIEs
Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) son los encargados de la recepción, protección y custodia de todas las personas, custodiadas en los módulos del Muelle de Poniente.
Los agentes elaboran un reseña de cada uno de los viajeros y se inician los trámites de repatriación en contacto directo con el Juzgado de Instrucción de guardia en la capital, quien debe autorizar el desplazamiento de los inmigrantes irregulares hasta un CIE. El problema es que, con la actual capacidad de plazas en estas instalaciones, las autoridades ni siquiera tienen la capacidad de cumplir con este trámite y muchos inmigrantes quedan en libertad con una orden de expulsión sin ejecutar.
Paralelamente a la realización de todos los trámites narrados, policías adscritos a la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad documental (UCRIF) en Almería y agentes de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), inician una investigación tendente a la identificación de los responsables de la embarcación, que suelen ser miembros de redes organizadas que hacen de la introducción ilegal de inmigrantes por el mar Mediterráneo su “modus vivendi”.
Las pesquisas realizadas y las entrevistas efectuadas a los integrantes de todas las pateras han permitido detener durante el año 2017 a 20 personas que tras recibir los pagos de los trayectos, se encargaron de organizar y patronear los botes poniendo en grave peligro a las personas embarcadas.
Actualmente la mayoría de los arrestados se encuentran ingresados en prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, aunque el cambio en el Código Penal en 2015 introdujo matices legales que permiten, en casos sin riesgo para la integridad de los viajeros, la puesta en libertad de los arrestados.
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