La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha reunido con entidades sociales que han participado en la redacción del decreto ley de la Renta Mínima de Inserción Social que se aprueba hoy en Consejo de Gobierno, de cara a la entrada en vigor el 1 de enero de esta medida que beneficiará a alrededor de 45.000 familias y 120.000 personas.
A la cita han acudido representantes de los sindicatos CCOO y Unión General de Trabajadores, de las asociaciones FACUA y la Unión de Consumidores de Andalucía, y entidades como CEPES (Confederación Empresarial de Economía Social) o la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El Consejo de Gobierno aprobará hoy el Decreto Ley que recoge la Renta Mínima de Inserción Social para su entrada en 2018. La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo ejercicio reserva 198 millones de euros para este fin.
Oscilación
El decreto definirá los criterios de reparto de esta renta que oscilará entre 419,52 y 779,87 euros, y no tendrá en cuenta otros ingresos como las pensiones de alimentos o de orfandad para su cálculo, de manera que sea un refuerzo y apoyo de protección a la infancia. La renta mínima de inserción nace como parte de una política más amplia de integración social y laboral.
Andalucía es la comunidad que redistribuye más y mejor los recursos públicos entre la ciudadanía, según el Instituto de Estudios Fiscales despendiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y ha reducido la pobreza en un 17,7%, destacó ayer la Junta en su página web.
Sobre el acuerdo de hoy en el Consejo de Gobierno andaluz se pronunció ayer el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía.
Pablo Pérez Ganfornina ha considerado que la que se va a plantear por parte de la Junta es “una propuesta insuficiente”. “No va a garantizar el cumplimiento del artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía”, añadió.
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