Vecinos de El Toyo quieren negociar para la asamblea

Nuevo encuentro de los miembros de la asociación de vecinos ‘La Unión’ de El Toyo para buscar la disolución de la entidad de conservación, ahora con el Grupo Municipal Socialista.

En el encuentro, según explican los vecinos, el portavoz socialista, Juan Carlos Pérez Navas, mostró su preocupación porque el conflicto que se ha desatado contra la Entidad de Conservación vaya en aumento y abogó por una solución negociada que se ha de encontrar antes de la Asamblea prevista para el 5 de febrero.

Afirman los vecinos que los socialistas se mostraban receptivos a que el Ayuntamiento asuma “los costes de mantener los Sistemas Generales como la Vía Parque que limita con Retamar y la Plaza del Mar aumentando su aportación en unos 500.000 euros”.

Local
Explicaba el presidente de la asociación, Carlos Medina, que también han solicitado apoyo para poder tener un local municipal y poder atender las demandas de información de los vecinos y para conocer sus problemas. 

Por su parte Juan José Alonso, presidente actual de la entidad de conservación de El Toyo, de momento solo explica que habrá asamblea el próximo 5 de febrero y que para ella “se va a convocar a todos y cada uno de los vecinos de forma individualizada, y se les enviará la convocatoria con acuse de recibo”. Allí se votará el cambio de Estatutos e incluso habla de una propuesta de la presidencia de la entidad de su eliminación a muy largo plazo. Y es que las deudas que mantiene la entidad de conservación son el principal problema con el que cuenta en todos los sentidos, tanto para su funcionamiento normal como para una posible disolución.

Habrá que esperar hasta saber si hay o no hay negociación entre ambas partes antes de la asamblea.

Una deuda de unos 3 millones de euros
La entidad de conservación de El Toyo cuenta con un presupuesto aproximado de 1,2 millones de euros al año de los que la mitad se invierte en parques y jardines, pero lo preocupante es que tiene una deuda de unos 3 millones de euros que en un 50% corresponde a impagos de vecinos y el otro 50% a grandes parcelas sin desarrollar. Una deuda que habría que cobrar antes de eliminar la entidad.