El fiscal "premia" la colaboración en el Caso Facturas y rebaja las peticiones de cárcel para diez proveedores

La última sesión del juicio oral del denominado Caso Facturas marca la posición definitiva de las acusaciones. La Ministerio Público y la Diputación de Almería (acusación particular) presentaron este lunes sus conclusiones finales sobre el presunto desfalco de fondos públicos en el Patronato Provincial de Turismo entre los años 2007 y 2011.

Ambos mantienen la petición de cárcel para Teresa González (secretaria), Luis Pérez Montoya (ex vicepresidente socialista de la Diputación) y Joaquín Conde (proveedor) y coinciden en una rebaja sustancial de la pena para diez proveedores acusados de participar en la facturación falsa. A efectos prácticos, apenas difieren en la valoración de las cantidades económicas.

El fiscal José María Cervilla ‘premia’ la colaboración de los acusados con la aplicación de las atenuantes de confesión y reparación del daño (devolución del dinero) y solicita condenas que, en muchos casos, evitaría el ingreso en prisión.
La mayor modificación corresponde a los administradores de Leitour Viajes.  Los dos empresarios se enfrentaban a la amenaza de 7 años de prisión por facilitar decenas de facturas de viajes y servicios turísticos inexistentes, engordados o disfrutados por personas distintas a las reflejadas en las facturas.

Los empresarios señalaron directamente a Joaquín Conde y a Teresa González, secretaria del Patronato de Turismo, como impulsores de la facturación falsa para desviar fondos públicos para intereses particulares. Durante el juicio aportaron datos concretos sobre el presunto sistema irregular y documentación de valor para el proceso.

Además, hicieron un depósito económico para sufragar, al menos, una parte de las responsabilidades civiles. Por ello, José María López Cervilla pasa de pedir una condena de 7 años a solicitar únicamente 1 año y 11 meses de cárcel. 
En el mismo sentido, el fiscal cambia sus conclusiones definitivas para minimizar las posibles sanciones a otros seis proveedores y retira la acusación para dos empresarios más (G. H. G. y B.H. B.).

Presuntos promotores
Peor suerte corren los principales señalados en la investigación. Teresa González, secretaria del Patronato de Turismo, se enfrenta a una petición de 9 años y 10 meses de prisión por un supuesto desfalco de 696.292,99 euros (100.000 euros menos que en el escrito inicial). Durante el juicio negó irregularidades, aseguró que su firma fue falsificada y señaló a los cargos políticos como responsables de la validación de las facturas.

Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, afronta una petición fiscal de 7 años y 9 meses de cárcel por un presunto desfalco de 690.821,07 euros (cantidad también modificada). En el juicio se declaró inocente, alegó que firmaba solo las facturas que tenían los informes técnicos de la propia secretaria y de la Intervención. Negó lucro personal y solo reconoció un viaje de su mujer que no fue abonado.

Y finalmente, Joaquín Conde tendrá que defenderse de una petición de 7 años y 6 meses de prisión y el pago de 509.606,84 euros. Durante el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería aseguró que todos los servicios facturados por su empresa se prestaron, con la salvedad de dos stands en dos ferias por un importe total de 40.000 euros.

Según el escrito del fiscal José María López Cervilla, al que ha tenido acceso LA VOZ, “aproximadamente a finales del mes de septiembre de 2007 el acusado Luis Pérez Montoya y la acusada Teresa González acordaron un plan para apropiarse de fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo y quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas”. “Para ello, se concertaron con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios”, añade el fiscal.

“En múltiples ocasiones, Luis Pérez Montoya dictó resoluciones, previo informe favorable de Teresa González, acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato”, ahonda López Cervilla.

El documento de 37 páginas describe las presuntas irregularidades detectadas durante el mencionado periodo de gestión del Patronato de Turismo. En la instrucción constan 697 facturas o tickets de comidas sospechosas de fraude, esto es, las personas que aparecían reflejadas como comensales no participaron en estos encuentros.
Las defensas podrán exponer sus informes en las sesiones de martes y miércoles antes de dejar el caso visto para sentencia.