Los letrados afean a la Junta de Andalucía la falta de control de una cuenta con dinero publico

El destino del denominado Caso Cheques está en manos del jurado. La Audiencia Provincial de Almería completó el viernes la última sesión de declaraciones y citó a los miembros del tribunal popular para la entrega del ‘objeto de veredicto’ el próximo martes.

Los nuevos componentes del jurado iniciarán entonces la deliberación sobre las presuntas responsabilidades penales del funcionario M. G. en la desaparición de 246.000 euros de una cuenta de la Delegación Territorial de Medio Ambiente entre los años 2009 y 2012.

El fiscal pide 8 años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad y la letrada de la Junta de Andalucía eleva la calificación a 10 años de prisión, así como el pago de una indemnización equivalente a las cantidades presuntamente retiradas por M. G.

También reclaman responsabilidades civiles subsidiarias a la entidad BBVA por entregar dinero en efectivo al funcionario sin comprobar su DNI y su autorización para operar con la cuenta de la Junta de Andalucía (en 39 reintegros en el periodo 2011-2012).

Con independencia de las diferencias entre las dos acusaciones y las dos defensas, todos los letrados coincidieron en sus informes en describir el caos en torno a la cuenta de aprovechamiento de montes públicos de la provincia de Almería. “El funcionario sabía que no estaba controlada”, afirmó la abogada de la Junta de Andalucía. “Esa cuenta no estaba fiscalizada ni en Almería ni en ninguna otra provincia", añadió.

El fiscal Alejandro Velasco habló de “desbarajuste” y el abogado defensor Francisco Torres criticó el “descontrol absoluto”, sin embargo, el más duro fue el letrado del BBVA. "La cuenta se creó en 1986 y, desde entonces, no se revirtió ni un solo duro en los montes públicos como era su objetivo", afirmó en sus conclusiones.

“Es curioso la dejación de los funcionarios en asumir la responsabilidad del control”, señaló el letrado en relación a la declaración de los funcionarios citados como testigo. “La cuenta generaba unos intereses que iban a una cuenta que sí estaba fiscalizada (...) pero la Junta jamás reparó en que se estaban realizando reintegros y recibiendo intereses cada vez menores”, apostilló.

Informe patrimonial
El fiscal, la Junta de Andalucía y el propio BBVA señalan a M. G. como responsable de la extracción de los cheques en dos etapas (49 en 2009 y 39 en 2011-2012). El funcionario destinado al área de gestión económica tiene en su contra la identificación de los trabajadores del banco como la persona que cobró los cheques y un informe patrimonial de la Policía Nacional. El agente declaró ayer que había una cierta correspondencia entre los días y las cantidades retiradas con ingresos en cuentas del acusado.

El abogado de la defensa, Francisco Torres, reiteró que los cheques de la primera tanda se cobraron a petición del ex delegado de Medio Ambiente, Clemente García, y del ex secretario Augusto Segura. El acusado niega la segunda tanda, en contra de la versión de los empleados del banco.

El fiscal Alejandro Velasco lo tiene claro. “Los empleados del banco manifiestan que la persona que cobró los cheques fue el acusado (...) sabía que era una cuenta sin fiscalizar y se aprovechó de ello”. Ahora bien, el representante del Misterio Público realizó en su exposición final un alegato casi justificativo de la ausencia del ex delegado Clemente García en el banquillo de los acusados.

El dirigente contrató con un periódico local 41.000 euros en publirreportajes. Ese dinero salió de la misma cuenta (que tenía un único uso legalmente establecido, los montes públicos) y lo hizo en una época de congelación presupuestaria. Esto le costo a García un condena del Tribunal de Cuentas.

“Penalmente no pudimos acreditar que hubiera otras personas. Diferente es la responsabilidad contable que ha contemplado el Tribunal de Cuentas”, subrayó Velasco. “La actividad publicitaria no es correcta porque no se corresponde al fin de la cuenta de Medio Ambiente, pero no es un delito. Esa cuenta no era para eso y se utilizó para pagar publicidad, no era la finalidad de la cuenta”, remarcó el fiscal Alejandro Velasco.

El veredicto podría conocerse el próximo miércoles. Luego el magistrado Luis Durbán dictará sentencia, que podrá recurrirse en dos instancias ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.