Caso Cheques: el jurado declara al acusado culpable de malversación de fondos de Medio Ambiente

El jurado popular declara al funcionario Miguel G. culpable de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por la extracción de 240.000 euros de una cuenta bancaria de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El veredicto se conoció a las 14 horas del miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. Los miembros del jurado popular comenzaron la deliberación la mañana del martes y comunicaron la decisión unánime en el delito de malversación y mayoritaria (ocho votos a uno) en el delito de falsedad documental.

El tribunal considera que Miguel G. aprovechó la falta de control en una cuenta de la Junta de Andalucía creada para el ingreso del canon de aprovechamiento de los montes públicos de la provincia de Almería. El acusado era jefe de negociado de gestión económica.

El jurado estima esencialmente los hechos apuntados por el fiscal Alejandro Velasco. Miguel G. realizó reintegros de la cuenta de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en dos etapas (49 cheques en 2009) y (39 cheques en 2011-2012).

La declaración del personal del banco BBVA resultó clave para la decisión de los miembros del jurado. Un empleado identificó sin genero de dudas a Miguel G. como la persona que realizó la retirada de los cheques de la cuenta de la Junta de Andalucía, creada a mediados de los años 80.

Recursos
El Ministerio Fiscal solicita una condena de prisión de ocho años y una indemnización de 240.000 euros (se rebajó ligeramente la cantidad tras comprobar que 6.000 euros fueron a un contrato de publicidad autorizado por el ex delegado Clemente García, citado como testigo durante el proceso). La acusación de la Junta de Andalucía se adhirió íntegramente a la petición del fiscal.

El caso quedó visto para sentencia este miércoles. Ahora el magistrado Luis Durbán tendrá que decidir la entidad de la condena al funcionario Miguel G., único acusado. También tendrá que resolver sobre las responsabilidades subsidiarias del banco BBVA, que reconoció “un error humano” al entregar dinero de la segunda tanda de cheques sin solicitar el DNI al acusado. Su letrado argumentó que existía “cierta confianza” tras años de contactos (la oficina bancaria estaba muy cerca de la propia sede de la Delegación de Medio Ambiente).

La sentencia podrá recurrirse en dos instancias, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ante el Tribunal Supremo, una garantía adicional para las partes inmersas en procesos con jurado popular. La defensa solicitó la imposición de la pena en su límite inferior. Durante el juicio oral, el acusado Miguel G. aseguró que cobró la primera fase de cheques a petición de sus superiores en la Junta de Andalucía y negó la segunda tanda, donde ya no estaba como habilitado en la cuenta del BBVA.