Cinco años y tres meses de prisión por el desfalco en la Delegación de Medio Ambiente

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado al funcionario M. G. a cinco años y tres meses de prisión por un desfalco en la Delegación Territorial de Medio Ambiente. El acusado en el denominado Caso Cheques deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con una cantidad de 239.000 euros por la malversación de fondos públicos de una cuenta asociada al aprovechamiento de montes públicos de la provincia de Almería.

M. G. recogió personalmente la sentencia en la mañana de este jueves en el Palacio de Justicia. Ya sabía el veredicto de culpabilidad comunicado por los miembros del jurado popular, pero esperaba el fallo del magistrado Luis Durbán para conocer la entidad de la condena.

El fiscal Alejandro Velasco y la letrada de la Junta de Andalucía habían solicitado una pena de ocho años de prisión por un delito de falsedad documental en concurso con un delito de malversación de caudales públicos. Finalmente, la condena es algo inferior y queda establecida en cinco años y tres meses de cárcel (a la espera del recurso). Además, el tribunal decreta nueve años de inhabilitación para empleo público y el pago de una indemnización equivalente a las cantidades desaparecidas de la cuenta de Medio Ambiente.

Paralelamente, el BBVA deberá abonar 105.000 euros como responsable civil subsidiario en la entrega de cantidades económicas en efectivo de cheques fechados entre 2009 y 2012. La entidad financiera ya ha consignado el dinero, según fuentes judiciales consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA.

En la sala de vistas, su letrado admitió “un error humano” en el pago de una tanda de cheques (la segunda) sin comprobar los datos personales del portador, presuntamente el funcionario M. G., al que conocían de decenas de gestiones anteriores en la oficina de la entidad financiera en la calle General Tamayo de Almería. “Existía una cierta relación de confianza”.

Antecedentes
La propia Junta de Andalucía destapó el Caso Cheques a finales de enero del año 2013. José Manuel Ortiz Bono, entonces delegado de Medio Ambiente (ahora en el área de Agricultura), denunció la desaparición de casi 300.000 euros de la cuenta destinada al ingreso de tasas de aprovechamiento de los montes públicos.La cuenta fue creada a mediados de los años 80 y carecía de fiscalización. Sus fondos únicamente podían dedicarse para el mantenimiento de estos espacios en la provincia de Almería.

El jurado popular consideró probado que el acusado M. G. retiró fondos de una oficina del BBVA en dos etapas en 2009 (49 cheques) y en  2011-2012 (39 cheques). En la primera aparecía como clavero de la cuenta junto a responsables de la Delegación de Medio Ambiente. En la segunda carecía ya de la autorización.

M. G. admitió el cobro de los cheques de la primera tanda, aunque siempre ha negado el lucro personal. En su declaración subrayó que los reintegros se hicieron a instancias del delegado y del secretario. Sobre la segunda tanda de talones, el acusado negó su autoría a pesar de la declaración inculpatoria del personal del BBVA. En los cheques habría modificado algunas cifras de su DNI. La sentencia será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).