Almería y Vícar tienen la peor ratio de servicios sociales por habitante

Los servicios sociales comunitarios funcionan a distinta velocidad según el municipio de residencia. Las diferencias entre los trabajadores sociales disponibles son muy importantes y afectan directamente a los ciudadanos en aspectos básicos como la atención a la dependencia, el acceso a la renta mínima o el acompañamiento a colectivos desfavorecidos.

Según un informe del Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería (COTSA), el Ayuntamiento de Almería y el Ayuntamiento de Vícar tienen la peor ratio de profesionales de atención directa en servicios sociales comunitarios por habitante de toda la provincia. En estos municipios, un trabajador social asiste a más de 12.000 personas. La cifra supone casi el doble de la media de la provincia y está muy por encima de la ratio aconsejada por el Consejo Andaluz para una atención adecuada a los ciudadanos (1 profesional por cada 3.000 personas).

Encarna Peláez, presidenta del COTSA, critica la falta de inversión en el sector, cuya financiación se reparte entre el Estado, la comunidad autónoma y los propios ayuntamientos. “El Estado está aportado actualmente muy poco al plan concertado”, precisa. “La Junta de Andalucía y los ayuntamientos están haciendo un importante esfuerzo para la financiación, pero vemos grandes diferencias entre unos municipios”, añade Peláez.

En el mismo escenario de financiación, son los ayuntamientos de los municipios más poblados los que invierten menos comparativamente y, en consecuencia, ofrecen a sus ciudadanos menores recursos asistenciales. “Las diferencias responden a la voluntad política”, lamenta Encarna Peláez.

Vícar, Almería, El Ejido y Roquetas de Mar superan la ratio de un trabajador social por cada 10.000 habitantes, mientras el territorio dependiente de la Diputación Provincial de Almería ronda los 5.000 habitantes por cada profesional de los servicios sociales comunitarios (datos comparados con el padrón municipal de 2017). “Los trabajadores sociales y los propios ciudadanos no podemos ser rehenes de la situación política”, critica la presidenta del colegio de Almería y vicepresidenta primera del Consejo Andaluz.

Un límite protegido
Según los últimos datos publicados por el Gobierno central, el Estado aporta únicamente el 1,8 por ciento de la financiación del plan concertado, mientras el resto se comparte entre la comunidad y los ayuntamientos. Hace 30 años, la aportación nacional rondaba el 25 por ciento, aunque entonces no existían recursos asociados a la Ley de Dependencia, implantada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2006 y parte fundamental de la labor de los servicios sociales comunitarios.

Según el COTSA, para cubrir la ratio necesaria de un profesional por cada 3.000 personas, la provincia necesitaría 145 nuevos trabajadores sociales. La actual media de Almería está en 7.766 habitantes por trabajador, aún muy lejos del objetivo marcado por el colectivo. Solo algunos municipios pequeños (que comparten servicios) alcanzan este límite.

Norma autonómica
La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía (publicada en diciembre de 2016) no incluye una ratio mínima de profesionales por habitante. La Junta de Andalucía desestimó una de las enmiendas impulsadas por el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales que apostaba por establecer el límite de un profesional por cada 3.000 ciudadanos, lo que blindaría la asistencia a los ciudadanos y acabaría, por ley, con las desigual asistencia por municipio. No obstante, la norma habla de “garantizar una prestación de servicios sociales integral, continua, de alta calidad y de acceso universal”.