Ana Julia mostró “pura crueldad”

El magistrado Rafael Soriano desmonta la versión ofrecida por Ana Julia Quezada en su confesión sobre el crimen del pequeño Gabriel Cruz Ramírez. El juez instructor describe en el auto de prisión un “macabro plan criminal” para asesinar al niño de ocho años y observa un comportamiento de “pura crueldad”.

La acusada aseguró que la muerte se produjo durante una discusión accidental en la finca de Rodalquilar (Níjar). Sin embargo, los indicios recogidos por la investigación apuntan a una estrategia calculada para acabar con la vida del niño.

En un completo auto, el instructor marca las pautas del futuro proceso judicial. “Ana Julia Quezada aprovechó un momento temporal en el que sabía que se iba a encontrar a solas con el niño” y “mediante engaño o promesa” montó a Gabriel en el vehículo y se lo llevó a la finca de Rodalquilar.

La acusada “había hecho previamente un hoyo con una pala” y presuntamente “asfixió a la víctima con sus propias manos”. Luego presuntamente desnudó el cuerpo, enterró el cadáver y se puso a pintar para construir “una coartada” sobre su presencia en la propiedad.

El relato de enorme crudeza, cuyos detalles están excluidos de esta crónica, muestra “una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen”.  Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, ofrece en la resolución una descripción demoledora de la acusada. “Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad”.

Trato vejatorio
Ana Julia Quezada de 43 años prestó declaración durante dos horas en la Ciudad de la Justicia el miércoles y regresó a las dependencias del juzgado, entre grandes medidas de seguridad, en la mañana del jueves.

Durante 45 minutos se sometió a la corroboración de grabaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La prueba, según la instrucción judicial, introduce en el caso la existencia de un trato vejatorio hacia el menor.

En este sentido, Rafael Soriano ‘endurece’ las acusaciones de la fiscal Elena Fernández. Según comunicó oficialmente la Fiscalía en una nota, el Ministerio Público acusa a Ana Julia Quezada de presuntos delitos de asesinato y detención ilegal.

Sin embargo, el magistrado va más allá en la protección de los derechos de las víctimas. En su auto suma el supuesto delito contra la integridad moral. Además de las pruebas recogidas durante la intensa investigación de la Guardia Civil en la llamada Operación Nemo, pesa en la autoridad judicial el comportamiento de la acusada durante los días posteriores a la denuncia por la desaparición.

Es decir, Ana Julia Quezada dio “una falsa apariencia de preocupación por la suerte del niño”, con desprecio por el sufrimiento de los padres de Gabriel Cruz Ramírez, Ángel y Patricia.

El magistrado ordenó el ingreso en prisión provisional, comunidad y sin fianza de Ana Julia Quezada, según una nota oficial emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “El juez considera necesaria la medida de prisión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga”, precisa el TSJA.

La detenida llegó a la cárcel de El Acebuche a media tarde entre medidas de seguridad. Está custodiada en el módulo de mujeres y con una vigilancia especial para su protección frente a otras reclusas.

Gabriel Cruz desapareció la tarde del 27 de febrero en un camino de Las Hortichuelas. Según la autopsia, el menor murió supuestamente asfixiado ese mismo día.

La Guardia Civil recopiló información sobre Ana Julia Quezada y, en estrecha colaboración con el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, organizó la detención de la sospechosa el pasado domingo.

La autora confesa del crimen fue fotografiada en la finca de Rodalquilar sacando el cuerpo sin vida del chico de un agujero cercano al aljibe de la finca. El cuerpo del pequeño estaba oculto bajo unos tablones y piedras ornamentales.

La Guardia Civil siguió a Ana Julia Quezada hasta la Puebla de Vícar y realizó su detención antes de acceder al bloque de viviendas donde residía. En el maletero de su automóvil los agentes hallaron los restos mortales de Gabriel Cruz envueltos en una toalla.

La acusada pasó cuatro días en los calabozos de la Comandancia de Almería (con una prórroga de la custodia autorizada por el juez) y finalmente confesó la autoría del crimen. Sin embargo, el auto del magistrado desmonta su versión y considera que existía un presunto plan para acabar con el niño.