“No es educativo que un menor que comete delito grave quede en libertad”

Nació en el barrio de Ciudad Jardín, pero la mayor parte de su vida y su carrera han girado en torno a Valencia. Fue, como fiscal jefe de Lleida, el primero en dictar una instrucción para que los fiscales intervinieran protegiendo a los menores en procedimientos penales, antes de que el Constitucional obligara a cambiar la Ley.

¿Hay ahora más delitos protagonizados por menores o es una percepción?
Es una percepción. Realmente no hay más, lo que pasa es que hay delitos muy graves protagonizados por menores y también es cierto que se elevó la edad de 12 a 14 años dejando un sector de menores en los que no se interviene penalmente. Yo soy contrario a esa decisión . Nos encontramos con crímenes muy graves, violaciones, incluso asesinatos, cometidos por menores de edad inferior a 14 años donde no hay intervención penal y eso no es bueno ni para ese menor ni para la sociedad. Pero realmente las estadísticas demuestran que no ha habido un incremento de delitos cometidos por menores.  

¿El porcentaje de reinserción es suficientemente significativo?
Sí. Yo creo que el sistema juvenil en España funciona bien. Además, el sistema tiene unas variables en la fase de instrucción que llevamos los fiscales que permite por los informes de los equipos técnicos el que no sea necesario aplicar ninguna medida porque se considera, y esto es muy importante, que el mismo proceso de instrucción ya ha sido suficientemente aflictivo y educativo. Pero, claro, siempre habrá opiniones contrarias. Yo siempre he sido partidario de que la respuesta ante un delito cometido por quien sea tiene que ser penal porque el planteamiento que hubo en la inicial configuración de la legislación de menores es que no lo fuera.

¿Respuesta solo educativa?
Educativa y sancionadora administrativa, y yo siempre consideré que la respuesta penal era más garantista, porque ante un delito hay que responder con sanciones penales, que son a su vez educativas. En principio parece más duro, pero no es así. No es educativo que un menor, ante un hecho grave, quede en libertad, ni siquiera en libertad vigilada. Y si se da una respuesta pseudoeducativa, donde el menor puede seguir en libertad, y no asumir su responsabilidad, ahí es donde está la equivocación. La mayoría de las medidas que se imponen a los menores son libertades vigiladas y convivencia en centros educativos. Los internamientos son un porcentaje muy pequeño.

La actual ley del menor tiene detractores…
Siempre los ha tenido.

Una parte de esos detractores la consideran muy blanda. ¿Es o no blanda?
Creo que no es blanda.

¿Y su aplicación lo es?
No, la aplicación tampoco. El problema de la aplicación es que hacen falta muchos recursos educativos. Por ejemplo, los educadores que se hacen cargo de las libertades vigiladas dependen de la comunidad autónoma, y hay comunidades autónomas que dedican más recursos a la Justicia juvenil que otras. Hay un sector que la considera muy dura, y que los menores no deben ser sancionados penalmente, sino en todo caso educativa y administrativamente.

Está la otra parte, los que son víctimas de esos delitos y consideran que no responden adecuadamente por sus actos.
Sí, claro, es más que comprensible que la víctima demande una respuesta más fuerte. Pero para eso está el Estado, para neutralizar los sentimientos y dar una respuesta proporcional. Para mí el único inconveniente de la Ley penal del Menor es que la edad a partir de la cual se puede intervenir son los 14 años. Yo intervendría a partir de los 12 años.

¿Qué está sucediendo con esa franja de 12 a 14?
Al menor se le aplican unas medidas de protección, como el ingreso en un centro residencial, un acogimiento, una tutela incluso de la Administración. Pero ese ingreso no es efectivo porque pueden salir y entrar cuando quieran. Cuando han cometido un hecho muy grave como un asesinato, si saben que van a una residencia y pueden entrar y salir cuando quieran, sin una respuesta sancionadora contundente, pierde el efecto educativo.

¿Esa situación les puede abrir la puerta a un nivel de delincuencia mayor?
Exactamente, porque si ellos se dan cuenta de que con doce años pueden violar, pueden asesinar, y no les pasa prácticamente nada, consideran que lo pueden hacer. Si a un comportamiento negativo se da una respuesta que el sujeto no interioriza como algo que le responsabiliza, no es educativo. A los niños pequeños cuando van a hacer algo malo se les dice “no”. La palabra “no” para un niño de doce años que ha cometido una violación debe ser un internamiento, no una respuesta como la que se está dando.

¿Este grupo de menores está siendo utilizado por redes y grupos delictivos porque quedan fuera de responsabilidad penal?
Sí, sí, precisamente ese es uno de los argumentos que se han invocado, la instrumentalización de los menores para tráfico de drogas. Se ha demostrado en operaciones importantes contra narcotraficantes que utilizan a estos menores.

Por su experiencia, ¿los menores delincuentes son verdugos, víctimas o ambas cosas?
No soy partidario de hacer declaraciones generales porque depende de los casos. Evidentemente todos somos víctimas del sistema, si a un menor desde pequeño nunca se le ha dicho que no y se le compra todo, si luego comete delitos, por ejemplo, maltrata a los padres, pueden decir que es víctima del sistema que no lo ha educado. Pero no son todos.No sería partidario de darles la condición de víctimas a todos los menores infractores, con independencia de que todos podemos ser víctimas del sistema.

¿Hay que recuperar el poner límites a los niños?
Sí, es un problema de educación desde las primeras etapas de la vida. Cuando hoy día ves a niños que con cinco, con cuatro años, ya se les regala un móvil y están jugando con el móvil, eso tiene unas repercusiones tremendas en delitos muy graves, no cometidos ya por menores, sino por adultos, como el ciberacoso sexual infantil.

¿Las familias hemos delegado parte de la educación en la tecnología?
Yo creo que sí, en ese aspecto hemos tenido todos la culpa. Claro, requiere un esfuerzo por todos, y los niños también tienen unas carencias afectivas muy importantes. Hoy día ya la intermediación en el trato personal se produce con la tecnología.

¿Es de recibo que se haya perdido el respeto a la figura del profesor?
Sí, creo que tiene una relación con la falta de respeto al concepto de autoridad. La autoridad es necesaria en todos los órdenes. Pero también se legitima con su ejercicio, decían los clásicos, y es saber ejercer la autoridad. Yo en el año 97 hice una crítica grande al profesorado. Decía que los profesores tenían gran culpa del tema del acoso escolar porque no se implicaban. A partir de entonces, lo que sí se puso en marcha son protocolos en los centros educativos para detectar el acoso.

Pero ese acoso sigue a la orden del día.
Sí, pero por lo menos hay unos protocolos, en la época de la que estoy hablando es que no había nada, incluso estaba asumido que hubiera ese maltrato en el ámbito escolar, y los profesores miraban hacia otro lado. En la pérdida de respeto a la autoridad, también hay parte de culpa en cómo se ejerce esa autoridad. Yo tengo una gran consideración a los docentes, creo que es una de las profesiones más difíciles porque tienesn que tratar con seres humanos en desarrollo y, claro, no puedes tratar lo mismo a un niño de seis años que a un adolescente de quince, ahí la habilidad del magisterio. En ese aspecto creo que la autoridad hay que ganársela.

¿Habría que poner límites en las redes sociales, hay que legislar?
Hay que ponerlos, de hecho ya se están poniendo, y la utilización abusiva de las redes sociales para la comisión de delitos está teniendo respuestas penales ejemplarizantes, pero es muy difícil porque internet está extendido. Yo creo que los límites vienen de la educación del usuario, no tanto de las restricciones.

Y cuando los menores son los usuarios ¿deben los padres vigilar su acceso?
Sí, yo creo que el control paterno se tiene que extender también ahí, con finalidad educativa. No se puede decir que el menor es invulnerable viviendo en el propio domicilio familiar y que a su ordenador no se puede acceder cuando hay indicios fundados de que puede estar siendo víctima de un acoso. La patria potestad tiene una faceta de derechos sobre los hijos, pero tiene más parte de obligación de los padres con los hijos. Y eso implica el estar al día de cómo se va desarrollando la vida de tu hijo o de tu  hija.

Puede que muchos no estén preparados.
Claro, pero hay también que saber utilizar ese poder que tiene la patria potestad, ejercerse, como he dicho antes, de forma razonable. Si hay padres que ejercen ese poder de forma arbitraria pues comprendo la reacción de los menores, pero los controles parentales son necesarios.

¿Cómo de expuestos están nuestros hijos?
España es un país de pornógrafos infantiles, el segundo país del mundo en pornografía infantil, después de Estados Unidos. Y además España es el país donde más pronto los menores utilizan las tecnologías, con lo cual se juntan dos elementos fundamentales para el control de estos menores. En el ámbito de la delincuencia lo que más se ha desarrollado es la ciberdelincuencia de carácter sexual. En estas edades España es líder. Eso es muy triste.

Y muy inquietante.
Sí, porque tenemos un país lleno de acosadores sexuales infantiles. De hecho, yo llevo años postulando que la infancia tiene que ser un bien jurídico penalmente protegido. Lo mismo que protegemos el medio ambiente o la salud pública, tenemos que proteger en el Código Penal a la infancia en sí misma considerada, no solo a un menor en concreto.

Con frecuencia se interviene en redes de tráfico de archivos de pornografía infantil, ¿es solo la punta del iceberg?
Por desgracia sí, ya te digo que España es el segundo país del mundo. Las investigaciones cada vez se desarrollan con más eficacia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y cada vez se descubren más casos. El pederasta no tiene un perfil de delincuente, al revés, el delincuente de clases bajas no suele incidir en esas conductas, es una conducta más de sectores acomodados que de sectores marginales.

¿Son más víctimas las niñas o los niños o por igual?
Hoy en día es por igual,  lo que se busca es un menor. Lo que sí se observa es que la prostitución infantil está más extendida en las niñas y muchas niñas se están prostituyendo para tener recursos económicos para acceder a la tecnología. Es muy preocupante que España sea uno de los países en que más ha crecido la pobreza infantil  porque eso es caldo de cultivo para todos estos tipos de delitos. Como es preocupante que se restringieran las inversiones en recursos sociales de atención a la infancia porque eso puede determinar en clave de probabilidad que estos menores sean víctimas. Yo siempre he dicho que el sistema de protección social debe estar blindado en los estados de derecho de forma que los gobiernos o las Cortes no puedan aprobar presupuestos que empeoren los sistemas de protección social.

Un planteamiento interesante.
Ese es un tema que yo creo que debería estar legislado, aquellos gobernantes que empeoren la situación de los protegidos por los sistemas sociales deberían tener una responsabilidad. Por ejemplo, en  las pensiones, si hay una hucha para garantizar el sistema de la Seguridad Social y esa hucha se va vaciando, yo no digo que sea delito, pero para mí se han cometido malversaciones. Esa hucha se ha generado con los recursos de los propios pensionistas y de los empresarios para garantizar el sistema.

¿Los derechos perdidos se pueden recuperar?
Estoy recordando una frase de Cicerón que decía que el bienestar de la sociedad es la ley suprema. La crisis no ha afectado tanto a los derechos no económicos como a los económicos y sociales. De hecho yo creo que lo de Cataluña demuestra que España es un país donde se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos desde el punto de vista ideológico, lo que ocurre es que cuando se cometen delitos evidentemente la respuesta tiene que ser judicial y penal.

¿Es lógico entonces que haya respuesta judicial a la actuación de los independentistas?
Claro, es lógico. Cuando se cometen delitos la única solución es penal, no caben soluciones políticas. Las soluciones políticas son anteriores…

O posteriores.
Sí, posteriores cuando se ha cumplido la pena, o aplicando el derecho de gracia, de indulto.

¿Si no se aplicaran España sería un estado fallido?
Claro, se quebraría la norma básica de la convivencia, la infracción de la Ley no tendría consecuencias, y además hecha por representantes del propio Estado. Esto es gravísimo. Por eso no se puede dejar pasar, son los cimientos de un Estado de Derecho. Si admitimos que las normas pueden ser cumplidas en función de la voluntad de sus destinatarios, hemos acabado con el Derecho y hemos acabado con las normas y con la convivencia social. Sería la jungla.

Ha seguido el caso de Gabriel desde la distancia. ¿Qué cree que ha tenido de singular este caso que lo ha hecho tan mediático?
Lo que veo es que ha tenido una repercusión social muy grande, comparado con otros asesinatos de niños incluso posteriores al suyo, y esta repercusión creo que hay que analizarla porque demuestra la empatía de la población frente a un crimen que además ha sido radiado o televisado. Desde el momento de la desaparición ya salió en todas las televisiones y todos con la esperanza de que pudiera encontrarse al niño y luego hasta la detención de la asesina confesa. Este tema también me ha llamado la atención….

 … ¿Hay que llamarla presunta?
A eso iba. La presunción de inocencia es que a un acusado no se le puede condenar si no hay prueba de cargo contra él. Pero eso no tiene nada que ver con que la policía esclarezca un hecho y diga que desde el punto de vista policial ese es el autor. A nivel popular yo creo que no debe regir ese principio. Regirá para el tribunal que la va a juzgar, que debe tener en cuenta la presunción de inocencia de ella, pero los ciudadanos o los medios de comunicación que han dicho asesina confesa, lo han dicho bien, porque ella se ha confesado asesina. Otra cosa es cuando se le juzgue tiene derecho a la presunción de inocencia.

Hay un debate social ahora mismo en torno a mantener o no la prisión permanente revisable, ¿a favor en contra?
Yo escribí un artículo dentro de una ambigüedad calculada. La pena de prisión permanente revisable depende de que uno esté a favor o en contra no por razones jurídicas, sino por conciencia, lo que nosotros pensemos de cómo se debe responder a ese tipo de crímenes. Es una pena ambigua, yo sí que la modificaría solo en un punto, establecer un límite máximo de cumplimiento en función de la edad del reo, no del tiempo de cumplimiento. A partir de los 80 años no se puede estar en la cárcel. Es evitar la fase esa famosa “que se pudra en la cárcel”, que me parece inhumano.