La Junta impulsa ayudas para los once barrios más pobres de toda la provincia

La Junta de Andalucía se ha dado un plazo de cuatro años para mejorar la situación en la que viven miles de ciudadanos a quienes el desempleo, la desigualdad o la falta de alternativas ha expulsado hacia los barrios más empobrecidos de la comunidad. Lo hará a través de la llamada Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social, que contará hasta 2022 con casi 170 millones de euros. Ayer, el delegado de Igualdad en Almería, José María Martín, presentó las principales líneas de esta iniciativa, que se  desarrollará hasta 2022 y que cuenta con una inversión de más de 169,5 millones de euros.

En la provincia, el proyecto permitirá actuar en las once barriadas más desfavorecidas de la provincia, en los municipios de Almería, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar y contribuirá a mejorar la vida de 90.000 personas. Las zonas en las que se trabajará serán Araceli-Piedras Redondas-Los Almendros, El Puche, La Fuentecica-Quemadero y Pescadería-La Chanca en la capital; Ejido Centro, Las Norias-San Agustín y Pampanico (100 Viviendas) en El Ejido; la Venta del Viso en La Mojonera; El Barranquete en Níjar; la zona de la Carretera de La Mojonera a Roquetas, en Roquetas de Mar y La Gangosa-Vistasol en Vícar.

El plan, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En la elaboración de esta estrategia han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.

Presupuesto
La estrategia arrancará con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas que se abrirán este año. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirigirá a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de  9,3 millones de euros.

Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.

Un curso sobre maltrato sin apenas público 

La delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales convocó ayer un interesante curso sobre prevención contra la violencia de género destinado a profesionales y mujeres de los barrios de Pescadería-La Chanca. La charla, impartida por Lola Felices, médico de familia y formadora de la Red Formma, contó, sin embargo, con la presencia de una decena de profesionales sanitarias y apenas tres o cuatro mujeres del barrio.

“En Atención Primaria tenemos la obligación y el deber de detectar la violencia y atender a las mujeres como es debido, no podemos mirar para otro lado”, explicó Felices, que cuando fue preguntada por la falta de público dijo: “Estas cosas ocurren cuando se solapan actividades. Pero vamos a hacer autocrítica: hoy hay más gente que en muchos cursos de formación y eso sí es triste”.