Ana Julia rechaza declarar a la espera del final del secreto

La presunta asesina del pequeño Gabriel Cruz Ramírez regresó este lunes a la Ciudad de la Justicia de Almería tres meses después de su arresto a manos de la Guardia Civil en La Puebla de Vícar. Ana Julia Quezada entró en los calabozos de los juzgados en los asientos traseros de un furgón de la Policía Nacional llegado directamente desde el centro penitenciario El Acebuche, unos minutos antes de las nueve de la mañana.

La dominicana de 44 años de edad debía comparecer por tercera vez ante el instructor de la causa. Durante cien días, el magistrado Rafael Soriano ha nutrido el procedimiento de un importante número de pruebas de cargo contra Ana Julia Quezada gracias, fundamentalmente, a los informes de la Guardia Civil y el Instituto de Medicina Legal de Almería y el relato de los testigos. Sin embargo, la presunta asesina de Gabriel Cruz se acogió a su derecho a no declarar. “Le hemos aconsejado que no declare hasta que no se levante el secreto de sumario”, anunció la letrada Beatriz Gámez. La abogada de Ana Julia Quezada considera imprescindible el levantamiento del secreto para conocer las acusaciones y, al mismo tiempo, poder construir la estrategia de defensa. 

De un modo similar, el letrado de la acusación particular, Francisco Torres, calificó de “previsible” la posición de la detenida. “El secreto de las actuaciones se ha de producir cuando se está investigando un asunto, no a la espera de que vengan resultados de determinadas analíticas, que es compatible con el secreto de las actuaciones”, criticó el representante de Ángel Cruz y Patricia Ramírez.

Los informes
El levantamiento del secreto de sumario es inminente, aunque como confirmaron las partes solo abordará una parte del procedimiento. Esto significa que todavía se están realizando diligencias de investigación y que, por tanto, el juez mantiene la protección sobre la causa.

En cambio, el magistrado Rafael Soriano cuenta ya con los informes completos de la autopsia elaborados por el Instituto de Medicina Legal de Almería (IML), el Instituto de Toxicología de Sevilla y el Instituto de Toxicología de Madrid. 

También maneja documentos elaborados por la Guardia Civil (Unidad Central Operativa y Unidad Orgánica de la Policía Judicial) sobre el presunto secuestro y asesinato del pequeño Gabriel Cruz en Las Hortichuelas y Rodalquilar. La abogada Beatriz Gámez no habló del contenido de la sesión, aunque precisó que se le hicieron preguntas a Ana Julia Quezada sobre nuevas diligencias y ésta no respondió para proteger sus derechos fundamentales.

La acusada compareció en dos ocasiones ante el juez Rafael Soriano, ambas antes de decretarse la prisión provisional. La primera vez respondió a preguntas sobre la secuencia de los hechos y la segunda se centró esencialmente en las grabaciones realizadas por la Guardia Civil durante el seguimiento a Quezada en las horas previas al hallazgo del cuerpo de Gabriel Cruz en el maletero de su coche en Vícar.

Cronología
La ex pareja de Ángel Cruz confesó la autoría del crimen en la Comandancia de la Benemérita y se ratificó luego ante el juez instructor. No obstante, aseguró que la muerte fue “accidental” durante una discusión con el niño de ocho años. Desde entonces, los esfuerzos de la instrucción se han concentrado en demostrar que había “un macabro plan criminal” para acabar con la vida del chico, como señaló el instructor en el auto de ingreso en prisión dictado a mediados de marzo.

Ana Julia Quezada de 44 años de edad está acusada de presuntos delitos contra la integridad moral, asesinato y detención ilegal. Según adelantó LA VOZ DE ALMERÍA, los análisis forenses apuntaron que la víctima murió asfixiado (anoxia cerebral) “entre una y dos horas” de abandonar la casa de su abuela en Las Hortichuelas (Níjar) el 27 de febrero.

Tras 13 días de búsqueda con un dispositivo de 5.000 personas (entre profesionales y voluntarios), la UCO descubrió a la sospechosa desenterrando el cadáver del niño en el patio de una finca rústica en Rodalquilar, junto a una pequeña balsa, entre piedras ornamentales. Los agentes siguieron a Quezada hasta La Puebla de Vícar, donde fue detenida con el cuerpo antes de acceder a su vivienda. La Guardia Civil daba el caso por esclarecido en una rueda de prensa celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Almería, colmada de medios de comunicación.

La búsqueda contó con un despliegue de recursos sin precedentes en España. Según fuentes del caso consultadas por LA VOZ, la Guardia Civil valoró el coste de sus  medios en 200.000 euros. La fiscal Elena Fernández Lora podrá solicitar a la acusada el pago de esta cantidad en concepto de responsabilidades civiles.