La explosión del mercado de la marihuana revoluciona los ritmos vitales del narcotráfico en la provincia. Los productores profesionalizan la gestión de sus cultivos clandestinos y copian los mecanismos de las empresas legales para convertirse en una verdadera industria de la droga.. desde Almería a Europa.
La Guardia Civil muestra la capacidad de las ‘nuevas’ empresas de la marihuana con la macrooperación Choclo, un hito en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Almería a las puertas del juicio oral.
La Fiscalía Antidroga solicita penas de 129 años de cárcel (total) para los 20 acusados de la presunta red criminal desmantelada en Almería, Viator y Huércal de Almería en una investigación desarrollada entre 2016 y 2017.
El Ministerio Público imputa a los procesados delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, usurpación, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
El caso evidencia el músculo de los traficantes. La presunta red ubicó sus cultivos de cannabis sátiva en tres tipos de viviendas para exprimir la capacidad de producción. Usaban inmuebles de su propiedad, alquilados o incluso okupados irregularmente.
El centro neurálgico de la supuesta organización, según describe la Fiscalía, estaba en el municipio de Viator. Allí, los acusados se habían establecido en ocho de los diez pisos de un bloque propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb o ‘banco malo). Los inmuebles estaban vacío y parte de los acusados se instaló allí, donde gestionaban una producción notable de marihuana.
Según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Almería en febrero de 2017, los ahora procesados sostenían 2.700 plantas de maría en distintas fases de crecimiento.
“Los acusados se establecían las plantaciones de cannabis sativae tanto en viviendas ocupadas, como en viviendas de su propiedad o en fincas alquiladas al efecto”, expone la Fiscalía Antidroga. “En cada una de las plantaciones constituidas, los acusados, de común acuerdo, realizaban una toma fraudulenta a la red de consumo eléctrico”.
El presunto cabecilla es J. A. C., con familiares también imputados en la Operación Choclo. La Fiscalía solicita una condena de ocho años de prisión por un presunto delito contra la salud pública y un delito de pertenencia a organización criminal, según el escrito al que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA. Según indicó la Guardia Civil tras la culminación de los arrestos a finales del año pasado, la producción de marihuana abastecía el mercado en países de Europa como Holanda, Bélgica y Alemania, aunque este extremo no aparece reflejado en el escrito de acusación de la Fiscalía.
En metálico
El Ministerio Público si muestra el músculo económico de los detenidos. Al propio J. A. C. se le hallaron en su vivienda de Huércal de Almería importantes cantidades económicos en metálico. En un pequeño habitáculo oculto en una mesa se encontraron 84.000 euros durante el registro. En un bolso aparecieron otros 11.000 euros y 4.000 euros en una mesa de un garaje.
Los agentes, en coordinación con la Fiscalía y el Juzgado número Uno de Almería, registraron en total 16 inmuebles a finales de noviembre de 2011, como adelantó LA VOZ DE ALMERÍA. El despliegue en el edificio de Viator fue especialmente llamativo y dotado de grandes condiciones de seguridad por parte de la Benemérita.
Además, durante la investigación los agentes descubrieron también un importante alijo de cocaína, elemento que reflejaba la diversificación de las actividades. La droga estaba oculta en el interior de una bombona. “En el trastero se detectó una bombona de butano en la que se había creado un habitáculo cortando la base de la misma y en cuyo interior se encontraron cuatro paquetes de una sustancia que resultó ser cocaína”, precisa la Fiscalía Antidroga.
Los paquetes sumaban 876 gramos de cocaína con un pureza del 76 por ciento (alta) y un valor en el mercado clandestino de 90.000 euros. También se encontraron pequeñas dosis de hachís en otros registros.
Los 20 acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Almería. La Fiscalía pide penas de prisión que oscilan entre los seis y los ocho años de prisión para una red con vínculos familiares. “Se concertaron con la finalidad de obtener grandes cantidades de marihuana (...) estableciendo entre ellos una división de funciones”, asevera la Fiscalía.
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