El Ayuntamiento de Almería ha ganado en segunda instancia, exactamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una reclamación presentada por la anterior empresa concesionaria del aparcamiento de Padre Méndez, Carousel.
Así lo anunciaba el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, durante el desarrollo de la última sesión plenaria municipal.
Según explica el propio edil, en este contencioso la empresa le reclamaba al Ayuntamiento de Almería el pago de 140.000 euros por revisiones de precios no realizadas. Ganaban el pleito en primera instancia, y sin embargo ha sido ahora el Alto Tribunal el que ha determinado que el Consistorio no sólo no tiene que hacer frente a esa revisión, sino que “se le ha condenado también a pagar las costas del proceso judicial” que rondan los 300.000 euros.
Pendiente
Pero éste no es el único pleito que tiene pendiente aún el Ayuntamiento con esta empresa que fue la encargada tanto de construir el aparcamiento como de llevar la gestión del mismo durante los primeros años que estuvo en funcionamiento.
Explica Castellón que aún está pendiente de resolución “una demanda que presentó el Ayuntamiento contra Carousel por defectos en las obras del aparcamiento”.
Un contencioso en el que se reclama por el ente municipal un total de 1,4 millones de euros y que todavía está pendiente de salir.
Cabe recordar que las relaciones entre Carousel y el Ayuntamiento de Almería llevan años judicializadas, de hecho, para poder recuperar la gestión del aparcamiento hubo que pasar por un primer procedimiento. La empresa concesionaria no pagaba la deuda que tenía contraída con el ente municipal por concepto de canon, por valor de casi 17 millones de euros.
Finalmente la administración municipal recuperó la gestión del aparcamiento y, poco a poco, van culminándose los procesos judiciales que estaban abiertos.
Motivación
Estos procedimientos salían en el debate plenario, al igual que lo hacía la sentencia correspondiente a la parcela comercial de El Toyo, tras las críticas que vertía el portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, precisamente ante los intereses de demora que suponía una sentencia contraria al Ayuntamiento del año 2013 por la revisión de precios.
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