La Alcazaba de Almería dispondrá desde el próximo 2 de enero de tickets de entrada, después de ocho años sin este mínimo control, no solo para poder contabilizar con el debido rigor el número de visitantes, sino también para poder acreditar cualquier reclamación una vez efectuada la visita. De hecho, la Alcazaba es el único gran monumento público andaluz que en la actualidad carece de este básico elemento de inspección.
La entrega de boletos a los visitantes para el próximo año ha sido acordada por la Delegación provincial de Cultura después de que este medio le preguntara al respecto, a raíz de una información facilitada por el sindicato USTEA en Almería, en la que advertía de la gravedad que, a su entender, supone el permanecer sin ningún control de entrada en el principal monumento de Almería.
La Delegación ha informado de que esta “anomalía” (sic) será corregida, y de que “en estos momentos ya se encuentran en imprenta, tras pasar los trámites de imagen corporativa, el encargo de 300.000 entradas para la próxima anualidad”.
Y si no se reparten entradas, ¿cómo se cuentan los visitantes?, se preguntan desde USTEA. Cultura ha respondido que “el público visitante es contabilizado por los vigilantes de la Junta de Andalucía, cumpliendo las funciones establecidas en su convenio colectivo, así como por el personal vigilante de la empresa de seguridad, entre cuyas funciones se encuentra efectuar las tareas de recepción, comprobación de los visitantes y orientación de los mismos”. Una respuesta que no convence al sindicato, que considera que no deben ser los vigilantes, precisamente, los encargados de esta tarea.
Gratuito Aunque se entregarán entradas a partir de enero, el acceso a la Alcazaba seguirá siendo gratuito, incluso para los visitantes de países no comunitarios, a pesar de que se mantiene vigente una Orden de la Consejería de Cultura de 1989 que insta a cobrar entradas a los monumentos públicos andaluces a quienes no sean ciudadanos de países de la Unión Europea.
Sin embargo, esta normativa tampoco se aplica en otros monumentos de la comunidad, y al día de hoy solo la Alhambra de Granada, que está gestionada por un organismo autónomo, cobra por la entrada.
Este aparente contrasentido que supone no cobrar a pesar de que una norma te obliga a ello, y que además la recaudación supondría una importante ayuda para la conservación y mantenimiento de los monumentos, ya ha sido considerada desde hace años como una de las asignaturas pendientes por sus propios responsables, pero al día de hoy sigue sin tomarse una decisión al respecto. Y ya son 24 años en los que no se cobra.
Si la Junta decidiese cobrar 3 euros, una cantidad similar a la fijada en otros monumentos españoles a los visitantes de países no comunitarios, podrían ingresarse al año alrededor de 72.000 euros, teniendo en cuenta que en la actualidad estos turistas suponen alrededor de un 8% del total, que se sitúa al año en unos 300.000 visitantes.
Pero estas cifras podrían aumentar considerablemente con el Brexit, pues el 16% del turismo extranjero en Andalucía es inglés.
USTEA expone que, según estadísticas oficiales, el turista no europeo dobla el gasto medio total de viajeros a España. Y este sector , con el visitante británico incluido, podría alcanzar una cifra del 20% del total, lo que, a tres euros por persona, podría generar unos ingresos de 900.000 euros anuales.
Esto equivaldría al gasto completo de personal propio (390.000), y de los servicios de seguridad (199.000), jardinería (64.000 en tres años), limpieza (156.000 en dos años) y mantenimiento contratado (hasta 800.000). Y supondría 200.000 euros cada año sólo para restauración del monumento.
Sin embargo, la Junta no tiene previsto el cobro de las entradas. En todo caso, el argumento ofrecido por la Delegación para justificar este hecho puede resultar extraño: “En la actual relación de puestos de trabajo no existe la figura del expendedor, cuya función básica es la expedición, el cobro y la contabilización provisional de entradas y productos a la venta de un centro. Por eso no se cobra”, ha apuntado.
Paradójicamente, el coste de los expendedores podría pagarse solo aplicando la normativa vigente, con el dinero recaudado a visitantes de países que no pertenecen a la Unión Europea.
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