Polémica entre PSOE y PP-Cs por los nuevos sueldos de altos cargos

Aún no hay nuevo Gobierno en la Junta de Andalucía y ya ha saltado la primera polémica entre quienes se supone que van a desempeñar la nueva responsabilidad, el Partido Popular y Ciudadanos –con el imprescindible apoyo de Vox-, y quien se supone que va a ser el primer partido de la oposición, el Partido Socialista. Los partidos de Juanma Moreno y Juan Marín continúan perfilando sus acuerdos para los primeros cien días y para toda la legislatura. Hasta ahora han establecido 90 medidas que subdividen en tres bloque temáticos. El lunes cerraron el capítulo de medidas económicas y de política fiscal, en el que se recoge el compromiso de acometer una bajada considerable de impuestos (hay que recordar la campaña del “BMI: Bajada Masiva de Impuestos”, del Partido Popular”) durante los primeros cien días de Gobierno.

Si se cumple con lo acordado se producirá la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se bajará el tramo autonómico del IRPF, ahora mismo entre los más altos de España; se reducirá el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las hipotecas y se crearán nuevas fórmulas para valorar los bienes a efectos tributarios autonómicos porque el sistema actual "provoca impuestos desmesurados". Respecto a este último punto, son muchas las quejan porque se considera que en la actualidad el valor de una transmisión inmobiliaria, a efectos tributarios, no es el real de mercado, sino el que marca la Administración, en muchas ocasiones un valor desorbitado alejado de lo verdaderamente pagado por el comprador.

¿Se sube o se baja el sueldo de los altos cargos?
La polémica entre el PP y Ciudadanos, por un lado, y el PSOE, por otro, ha surgido respecto al bloque de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. En los acuerdos firmados el artículo 4.5 aparece redactado así: "Estableceremos unas tablas salariales que ordenen y socialicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta. Todos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la Nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos".

Hay que tener en cuenta que son muchas las comunidades autónomas que tienen para sus altos cargos unas tablas remunerativas que superan ampliamente las establecidas para cargos similares del Gobierno de la nación. El sueldo de cualquier cargo medio de la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, sobrepasa ampliamente el del presidente del Gobierno de España. Por no hablar del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que casi duplica el de Pedro Sánchez. En Andalucía, los sueldos de los altos cargos son bastante más modestos y de los más bajos de España. Susana Díaz gana 67.000 euros al año, mucho menos que el alcalde de Almería, por ejemplo. Un consejero gana en torno a 65.000 euros, y un delegado, sobre los 47.000 euros brutos.

¿Cómo hay que interpretar el artículo 4.5 del acuerdo PP-Ciudadanos sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción? La mayoría de medios de comunicación no tienen dudas: al tomar como referencia las retribuciones del Gobierno central, lo que va a hacer el nuevo Gobierno andaluz es equiparar las retribuciones de nuestros altos cargos a aquéllos –que aquéllos son también nuestros, por cierto-, de tal manera que la implantación del mismo supondría una subida generalizada de sueldos.

“No se han cortado ni un pelo”

Los socialistas comparten esta interpretación. El consejero de Economía en funciones, Antonio Ramírez de Arellano, no ha dudado en señalar que “el Pacto PP-Cs propone subirse el sueldo como altos cargos en el Gobierno de la Junta. Toman como referencia las tablas retributivas del Gobierno de España, que son en general un 50% más altas”. Si esto fuera así, el presidente de la Junta y los consejeros ganarían 13.000 euros más que ahora, mientras los directores generales llegarían a duplicarse el sueldo, pues un director general del Gobierno de España cobra 104.063 euros, frente a los 55.812 que cobra un director general de la Junta. El PSOE ha puesto en marcha su maquinaria en redes sociales para denunciar estas intenciones. “Pues no se han cortado ni un pelo... ¡Han pactado una SMS-Subida Masiva de Sueldos para altos cargos!”, denuncia el delegado de Gobierno en Almería, José María Martín Fernández.

“Una interpretación torticera”, según el PP

Juanma Moreno, futuro presidente de la Junta, y Juan Marín, futuro vicepresidente, se han apresurado a calificar de “interpretación torticera” la realizada por el PSOE sobre el artículo 4.5. Han manifestado que su intención es precisamente lo contrario, bajar los sueldos desorbitados de algunos altos cargos de empresas públicas andaluzas.

Algunas voces apuntan desde Ciudadanos que no han estado muy afortunados a la hora de redactar el artículo 4.5 y propugnan su modificación para que quede totalmente claro. En las mesas de negociación, manifiestan, nunca se ha expuesto el deseo de realizar una subida generaliza de sueldos para los altos cargos ni consideran que éste fuera el propósito del PP. Muy al contrario, creen que hay que poner fin a la que consideran descontrolada política de salarios de algunas empresas públicas, la que denominan “administración paralela”. Todo parece  apuntar a que finalmente ese artículo será eliminado o redactado nuevamente.

Susana Díaz: “Quieren cobrar más”

La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, también está convencida de que el propósito del Partido Popular y Ciudadanos es aprobar una subida generalizada de sueldos para los altos cargos una vez que estén en el Gobierno. En unas declaraciones a la cadena SER ha manifestado que quieren cobrar más.

Susana Díaz ha destacado que Juan Marín y su partido han estado toda la campaña electoral asegurando que venían a limpiar la política andaluza, “pero ya sabemos en qué consistía esa regeneración política, en que aquí se cobraba poco y ellos quieren cobrar más”.

La presidenta en funciones también ha preguntado si Partido Popular y Ciudadanos han "pedido permiso" al presidente de Vox, Santiago Abascal, para llevar a cabo dicha medida porque, según ha defendido, "no tienen votos suficientes" para aprobar ninguna cuestión sin el "visto bueno" de la citada formación.