El Tribunal de Cuentas alertó de falta de control en las ayudas de empleo

El magistrado Rafael Soriano, titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, comienza este martes a tomar declaración a los cargos y ex cargos socialistas investigados por una presunta malversación de caudales públicos en ayudas para el empleo. La Policía Nacional y el juzgado instructor del Caso Alpes indaga sobre el destino de subvenciones procedentes del Servicio Andaluz de Empleo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) entre los años 2010 y 2012.

La investigación cuenta un informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona el sistema de adjudicación de las ayudas y destaca la ausencia de una adecuada fiscalización de las actividades de las UTEDLT.  El documento destaca la ausencia de documentación sobre los programas y la falta de seguimiento de las actividades financiadas con dinero público en la provincia de Almería. De este modo, se cuestiona el destino final de ayudas diseñadas a priori para la inserción laboral.

Además, el Tribunal de Cuentas apuntó las carencias en la justificación de los contratos de los llamados Alpes (agentes locales de promoción y empleo). Este punto es especialmente controvertido porque el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería preguntó al PSOE sobre la vinculación de decenas de estos trabajadores. Dicho de otro modo, el instructor estudia si las UTEDLT funcionaban como una ‘agencia de colocación’ para cargos socialistas, militantes y simpatizantes en la provincia de Almería.

Las declaraciones comienzan este martes en la Ciudad de la Justicia.  Entre los investigados se encuentran Francisca Pérez Laborda, ex delegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía (cesó el 31 de julio de 2012) y los directores de los consorcios de las diez UTEDLT existentes en la provincia de Almería, la mayoría con vinculación directa al PSOE.

Los directores son Esperanza García (Consorcio de Adra), María de los Ángeles Guzmán (Consorcio del Andarax y líder del PSOE de Canjáyar), Juan José Ramírez (Consorcio de Berja y alcalde socialista de Huécija desde 1999), Antonio Gutiérrez (Consorcio de Carboneras y alcalde socialista de Padules), Juan José Rubio (Consorcio del Mármol), Juana María Muñoz (Consorcio de Los Vélez y candidata socialista en Cuevas del Almanzora), Juan José Cano (Consorcio de Huércal-Overa y ex alcalde de Purchena), Elena del Arco (Consorcio de Purchena y ex portavoz socialista en Olula del Río), José Francisco García (Consorcio de Tabernas) y Joaquín Balazote (Consorcio de Vícar y ex alcalde socialista de Cantoria).

Esta investigación se extendió a la gestión de la Consejería de Empleo (etapa de Manuel Recio y Antonio Ávila) y a otras provincias andaluzas. En la mayoría de los casos, los juzgados terminaron por archivar el procedimiento por la falta de indicios de malversación.

Las cifras
El Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería investiga un presunto fraude millonario en la concesión de ayudas públicas del Servicio Andaluz de Empleo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico. El SAE concedió ayudas por valor de 5,6 millones de euros entre 2010 y finales de 2012, según la investigación coordinada por el juez Soriano y realizada por la Policía Nacional.

La Junta de Andalucía decidió clausurar la UTEDLT en plena crisis económica y la Administración tuvo que asumir los costes salariales de la red de trabajadores compuesta, en el conjunto de Andalucía, por 95 directores y 697 técnicos. En Almería, había aproximadamente medio centenar de Alpes (agentes locales de promoción y empleo). Los despidos costaron 638.000 euros adicionales.