Marín paraliza la subida salarial al personal de Justicia cerrado en noviembre

La ‘nueva’ Junta de Andalucía paraliza la subida de salarios para los funcionarios  de la administración de justicia pactada entre las organizaciones sindicales y el gobierno socialista de Susana Díaz. El acuerdo se firmó en la mesa sectorial a finales de noviembre y contemplaba una inversión de diez millones de euros (en tres años) para mejorar los sueldos de los funcionarios de los juzgados, competencia exclusiva de la comunidad autónoma desde hace dos décadas. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local bloquea la medida, alega falta de presupuesto y anuncia un nuevo ciclo de negociación a partir del próximo martes.

Según explicó Juan Marín en comisión parlamentaria, los acuerdos alcanzados con los sindicatos el pasado 27 de noviembre no fueron elevados al Consejo de Gobierno y, además, tras solicitar los pertinentes informes a la Consejería de Hacienda se ha confirmado que no hay disponibilidad presupuestaria en los presupuestos prorrogados en 2018.

El consejero y líder de Ciudadanos en Andalucía ha recalcado que “la voluntad política del nuevo gobierno existe, pero estos asuntos son de calado y no pueden quedar en una declaración de intenciones pre electorales”.

Por otro lado, dentro del convenio que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local mantiene con el Ministerio del Interior para la seguridad en las sedes judiciales de Andalucía, en 2019 se han producido incrementos presupuestarios por un importe superior a los dos millones de euros, según argumenta Juan Marín.

La decisión ha provocado una reacción enérgica por parte de los sindicatos, que han anunciado movilizaciones para hacer cumplir el acuerdo firmado en el mes de noviembre. “CC OO se movilizará porque la razón, la legalidad y la justicia asisten a los trabajadores de Justicia”, ha explicado el coordinador regional del sindicato, Juan García Mañas. “El acuerdo se firmó con el gobierno andaluz, no con el Partido Socialista, por tanto, el obligado a su cumplimiento es el Gobierno”, añade STAJ.