Caso Obrascampo: pacto para evitar la cárcel y disputa por las cantidades

El juicio oral del Caso Obrascampo cierra su calendario de sesiones dos meses después con la gran incógnita sobre las cantidades económicas defraudas a la Hacienda Pública. Los 13 acusados aceptaron penas de prisión inferiores a los dos años tras una intensa negociación con el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, sin embargo, mantienen la disputa sobre el importe de las responsabilidades civiles, según fuentes jurídicas consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA en la sesión celebrada durante la mañana del lunes.

Antonio Pérez, fundador de la constructora Obrascampo y principal acusado en el proceso judicial, se conforma con una condena de cuatro años y medio de prisión por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública e insolvencia punible (la Fiscalía solicita inicialmente 17 años y medio de cárcel).

Sin embargo, todas las penas dictadas para el empresario son menores de dos años y, por tanto, abren la posibilidad de la suspensión de la condena en fase de ejecución. Esto es, Antonio Pérez evitaría su ingreso en El Acebuche.

Otra cuestión diferente es el importe del supuesto fraude. Como adelantó este periódico, el dinero ha sido el principal escollo en la negociación entre las partes prácticamente desde el comienzo del proceso.

Según el escrito de la Fiscalía, los acusados organizaron una trama con sociedades interpuestas y nombramientos de administradores  para evitar el pago. En el año 2015 las obligaciones con la Hacienda Pública eran superiores a los 14 millones de euros. La mayoría correspondía a un supuesto fraude en exenciones de IVA en ejecuciones hipotecarias y daciones en pago.

La valoración
Los acusados aportaron más de 800.000 euros para acercar el acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado y, más aún, propusieron un calendario de pagos para satisfacer las responsabilidades civiles. No obstante, las diferentes sobre la valoración económica difieren notablemente.

La Abogacía del Estado defiende la recuperación de las cantidades estimadas en el escrito de acusación. Esta será la principal controversia que tendrá que resolver el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería en su próxima sentencia.

Antonio Pérez Torres fue detenido en una operación de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria) en noviembre de 2014. Además, también fueron arrestados I. M. y F. N.  La investigación seguía el rastro de inversiones del grupo empresarial de Obrascampo (sociedad actualmente desaparecida) fuera de España, presuntamente un método utilizado para blanquear capitales procedentes  de posibles actuaciones fraudulentas en declaraciones de IVA.

Obrascampo se convirtió en una referencia en la construcción en la provincia de Almería con grandes proyectos desarrollados durante los años del boom en el sector inmobiliario. Tras la desaparición de este grupo, entre 2009 y 2010, Antonio Pérez, arquitecto originario de la Comarca de Níjar, continuó con la actividad empresarial en el campo de la consultoría, con la constitución de General Consulting. A principios de este mismo año fundó Grupo Gestarent, con sede en Aguadulce, para gestión de inmuebles, planificación financiera y administrativa.